San Luis Potosí se unirá a los estados que tipifican el delito de pederastia en su Código Penal, una medida que actualmente no está contemplada en 24 de los 32 estados del país.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí reformará su Código Penal para incluir la pederastia como delito, estableciendo penas que van de nueve a 18 años de prisión. Además, se impondrá una multa de 750 a 2,250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a aquellos que abusen de su posición de confianza, subordinación o superioridad sobre menores de 18 años.
Las sanciones serán aún más severas si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, curatela, guarda o custodia, o si existe una relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica, o si se utiliza el engaño o la influencia mediante internet o telefonía. Además, aquellos que cometan el delito en el ejercicio de un ministerio religioso, cargo público o profesión, también enfrentarán consecuencias más graves.
Quienes sean hallados culpables perderán la patria potestad, tutela, curatela, adopción y cualquier derecho sobre los bienes de la víctima. Si el delito es cometido por un servidor público o profesional en el desempeño de sus funciones, además de la pena de prisión, serán inhabilitados, destituidos o suspendidos de su cargo o profesión.
Los culpables también podrán ser sometidos a tratamiento médico integral durante el tiempo que dure su sentencia. Además, la misma pena se aplicará a quienes encubran el delito o no lo denuncien a sabiendas de su comisión.
Para evaluar el daño a la víctima, se requerirán dictámenes que determinen la afectación a su desarrollo personal. Si el Ministerio Público no cumple con esta disposición, será sancionado según el Código Penal y la legislación aplicable. En caso de que el condenado no pueda proporcionar la atención médica necesaria a la víctima, el Estado deberá garantizar estos servicios.
Actualmente, San Luis Potosí es uno de los estados que no contempla la pederastia en su Código Penal, lo que significa que sólo puede ser perseguido bajo la legislación penal federal. Por esta razón, el Congreso de la Unión ha instado a los Congresos locales a actualizar sus Códigos Penales para incluir este delito.
