Para agosto o septiembre próximos, conforme se vayan concluyendo las revisiones, auditorías, inventarios e indagaciones en proceso, la actual administración municipal habrá presentado unas 15 o 16 denuncias penales y administrativas que acreditarán que la anterior desvió, sustrajo, malversó o simplemente desapareció entre 1 mil 600 y 2 mil millones de pesos. La mitad de esos dineros sería suficiente para modernizar la red de agua potable por cuyas fugas se pierde casi la mitad del líquido. La otra mitad alcanzaría para repavimentar y bachear todas las calles de la ciudad donde hace falta ese tipo de obras.
A la fecha se han presentado seis querellas que involucran daños al erario por más de 700 millones de pesos: caso Sandra Sánchez Ruiz, unos 50 millones de pesos; obras de Fray Diego de la Magdalena, 200 millones aproximadamente; la llamada Nómina Maestra por pagos fraudulentos a un solo empleado inexistente, 59 millones; fraude con los servicios médicos en Interapas, 249 millones, y 180 millones de impuestos sobre producto del trabajo retenidos a los trabajadores y no entregados al SAT.
Una denuncia más -por el ilegal cambio de uso de suelo en los terrenos del camino a la presa San José- no implica un daño financiero directo a la hacienda municipal, aunque su revocación frustró un negocio inmobiliario que con una inversión de 15 millones habría significado utilidades por unos 250 millones de pesos, en beneficio de la familia Gallardo y sus asociados.
A la fecha, la administración que encabeza Xavier Nava Palacios solamente ha logrado recuperar algo más de 50 millones de pesos, del desvío que se hizo con el presupuesto para las obras de modernización en la calzada de Fray Diego de la Magdalena.
Las denuncias ya presentadas están dos en instancias federales (Fiscalía General de la República, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y Sistema de Administración Tributaria); tres en la Fiscalía General del Estado, y una más en ambos niveles de gobierno.
Entre los temas bajo investigación en el Ayuntamiento, en algunos casos bastante avanzados, se incluyen el destino final de la recaudación de los parquímetros; el desvío de decenas de millones de pesos procedentes del Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que debiendo gastarse en cuestiones de seguridad pública se utilizaron para comprar planchas y licuadoras que se distribuyeron en los bastiones gallardistas; numerosas adquisiciones amañadas y con sobreprecios, igual que la contratación fraudulenta de diversos servicios.
Hay un rubro del que se sabe que dejó beneficios millonarios para los señores Gallardo, sin afectar directamente las arcas municipales, en el que ha sido muy difícil avanzar porque los afectados fueron al mismo tiempo beneficiarios y guardan silencio como una forma de autoprotección. Nos referimos a terrenos, departamentos y locales comerciales entregados por su exigencia a los Gallardo a cambio de facilitar la autorización de fraccionamientos, plazas comerciales y desarrollos inmobiliarios de diverso tipo. A la fecha hay un solo hilito que se está jalando con mucho cuidado.
El bacanal de corrupción implícito en las cifras y datos de los párrafos anteriores, se refiere exclusivamente a esta Capital. En Soledad de Graciano Sánchez el saqueo ha sido peor de inmisericorde y durante ya casi 10 años.
En este contexto se inscribe la reciente decisión del gallardismo de abandonar el agonizante PRD para treparse al PVEM, ya convertido en satélite de Morena. Se busca protección política, al precio que sea y como sea, ante el alud de actuaciones judiciales que se ven venir en contra de sus cabezas principales y, en varios casos, hasta empleados de tercer nivel que se prestaron a todo tipo de sinvergüenzadas.
UN CASO MUY ILUSTRATIVO
Como están las cosas, el caso de Interapas viene a ser una hebra más de la madeja que a su vez es solamente la punta del iceberg de la inclemente corrupción protagonizada por el gallardismo, tanto en esta Capital como en Soledad.
El dato central es muy simple: para ofrecer servicios médicos a sus poco más de 700 trabajadores y empleados, el organismo operador de agua potable contrató a una empresa que no estaba ni calificada ni autorizada ni equipada para cumplir el compromiso. No obstante, un servicio originalmente contratado en mil 238 pesos por beneficiario titular (marzo del 2015), un año después (abril 2016) se recontrata por el cuádruple, 5 mil 388 pesos, sin añadir servicios ni elevar el monto de la cobertura. Con variantes mínimas se hizo igual en 2017 y 2018.
Así, una prestación laboral que debió costarle al Interapas unos 60 millones de pesos en los cuatro años, le costó 249 millones. La empresa fraudulenta, Axioma Kusuri, no tiene instalaciones dónde ofrecer servicios médicos de ningún nivel, pero argumentó que tenía contratos para subrogarlos con los principales hospitales potosinos, lo cual es falso. Tampoco tiene autorizaciones sanitarias de ningún tipo.
Lo que sí tiene, a cambio, es una red de empresas (varias de ellas declaradas “fantasmas” por el SAT) entre las cuales dispersó la mayor parte del dinero que recibió de Interapas. Entre estas, hay dos, Corporativo Comercial Random y Constructora Nacional Carrients, que el SAT tiene oficialmente boletinadas como simuladoras de operaciones y expedidoras de facturas apócrifas (ver Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre del año pasado). La primera recibió de Axioma Kusuri 6 millones 659 mil pesos y la segunda 1 millón 923 mil. Ambas empresas -Random y Carrients- tienen los mismos socios propietarios: Jaime Francisco González Herrera y María Sagrario González Malibrán, que nomás no aparecen por ningún lado.
Hay otro caso quizá más interesante: Interapas, bajo la dirección general del ingeniero Alfredo Zúñiga Hervert y con Ricardo Gallardo Juárez como presidente de su Junta de Gobierno, convoca una licitación para contratar los servicios médicos. Se inscriben tres empresas, Grupo de Servicio Ocupacional Medeser S.A. de C.V., Grupo Aliestal SC y Axioma Kusuri, S.A. de C.V. Llegada la fecha correspondiente, las dos primeras no presentan sus propuestas, por lo que automáticamente quedan descalificadas y el contrato se le otorga a Axioma Kusuri por default. Sin embargo, meses después, Grupo Aliestal aparece entre las empresas que Axioma utiliza para dispersar el dinero recibido de Interapas, como beneficiaria de entregas muy cuantiosas.
Aliestal se identifica en Internet como un laboratorio clínico con domicilio en la calle Morelos 1325 de esta ciudad, casi esquina con Rayón. Se trata de una vieja finca en cuya estrecha puerta solo aparece un letrero que dice “Abogado”.
Todo esto, y muchos datos más que más adelante publicaremos, lo que indican es que desde el Ayuntamiento de la Capital y la Dirección General de Interapas, se armó un esquema de licitaciones simuladas, uso de empresas fantasmas y de dispersión de dinero para ocultar su destino final.
No olvidemos que en la fase de saqueo más despiadado, el director general de Interapas era el ingeniero huasteco Alfredo Zúñiga Hervert, quien venía de ser empleado de segundo nivel de los hermanos constructores Jesús y David Medina. El primero, es desde 2015 el director general de la Comisión Estatal del Agua por designación de Juan Manuel Carreras, y el segundo era o es socio del ex delegado de la SCT federal, César García Coronado.
Según nuestras propias indagaciones, el “cerebro” de este entramado de defraudación y saqueo de recursos públicos es el contador público Jesús Salvador González Martínez, alguna vez empleado en las empresas de Vicente Rangel (qepd), pero que desde 2009 aparece ligado a Ricardo Gallardo Juárez, de quien fue tesorero en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez (2009-2012), y luego reaparece en el 2015 como Contralor Interno del Interapas.
Sin que deba causarnos mucha sorpresa, les diré que conforme a documentos oficiales, una de las personas que tuvieron participación activa en la convocatoria y realización de las “licitaciones” chapuceras que ganaba Axioma Kusuri es la actual tesorera del Congreso del Estado, doña Martha Elva Zúñiga Barragán, quien laboró en el área de Administración y Finanzas del organismo operador del agua potable. Ella fue Oficial Mayor de Gobierno al final del sexenio torancista, llevada ahí por Cándido Ochoa.
Estos nombres, y una cincuentena más, aparecen señalados en la denuncia presentada hace un par de semanas por el actual director de Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinoza.
Al final de día, aparece como telón de fondo de todos estos casos (incluidos los de Fray Diego de la Magdalena, la Nómina Maestra, los Impuestos no enterados a Hacienda, etc.) una desmesurada apuesta por la impunidad. Todo esto se escucha como un himno titulado “a mi no me hacen nada, a mi me tienen miedo”. ¿Será? Yo creo más bien que la apuesta real y fallida fue a la reelección en el ayuntamiento capitalino. En Soledad sí la ganaron, pero ya les llegará la hora.
Si Juan Manuel Carreras no ordena lo contrario y Federico Garza Herrera se aplica, hay mucho trabajo de investigación que hacer, el cual si se hace bien más tarde que temprano conducirá a los beneficiarios mayores de todo este saqueo. Bastará con que alguno de los eslabones de la larga cadena de pillerías se afloje en busca de inmunidad. Claro que si nadie llega a esos eslabones, seguiremos como víctimas inermes de cualquier saqueador.
COMPRIMIDOS
Hay una fotografía tomada en el evento del lunes pasado en el Auditorio Miguel Barragán, en el que aparecen tomados de la mano Cándido Ochoa Rojas, Emmanuel Ramos Hernández, Ricardo Gallardo Cardona, Oscar Bautista Villegas y Gilberto Hernández Villafuerte. Son como una plaga bíblica. Obviamente, no estuvo ahí el gran derrotado de la operación Gallardísmo-PVEM, Manuel Barrera Guillén.
La inseguridad, sobre todo en su vertiente de delitos de alto impacto, es ya el más fuerte dolor de cabeza para Juan Manuel Carreras y Xavier Nava. En tanto que se trata de sucesos que solo pueden ser evitados mediante esquemas eficientes de vigilancia preventiva y disuasiva, ellos son las cabezas de las dos corporaciones policiacas (preventivas) de la entidad.
La semana pasada, el área vial de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal dispuso una serie de cambios en la circulación de las calles Río Papaloapan, Río Pánuco, Río Lerma, Río Nazas y Río Usumacinta, que han generado un terrible problema de circulación donde no lo había y que ahora se extiende a Río Kennedy, Av. Guadalcázar, Av. Potosí, Montes Aconcagua y Montes Apalaches. He revisado con cuidado los cambios y llego a una conclusión: quien los dispuso andaba en avanzado estado de embriaguez, o se había fumado un carrujo de cannabis o es oligofrénico.
Ojalá el señor alcalde se dé una vuelta por ahí. Confirmará lo que hace poco decíamos que dice Yuval Noah Harari: “Nunca hay que menospreciar el poder de la estupidez humana”. La otra única explicación me cuesta creerla: alguien en el Ayuntamiento quiere hacerle$ el avío a los propietarios de la plaza comercial y conjunto de departamentos u oficinas que está construyéndose al final de Carranza, justamente entre Río Papaloapan y Río Lerma, frente al Deportivo.
