*.- En diciembre fueron notificados los resultados de la fiscalización; entes gozaron de 30 días hábiles para desahogar y el plazo se agotó.
*.- IFSE cuenta con plazo de 60 días hábiles para pronunciarse sobre respuestas de entes fiscalizados y procederá contra daños y perjuicios.
*.- Al reunir elementos, promoverá informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias penales y/o solicitudes de juicio político.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín LecourtoisLópez, informó que concluyó el último plazo que la ley otorga para que los entes obligados entreguen la documentación comprobatoria y justificativa que solvente el Pliego de Observaciones, incluido en los Informes Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2024.
Lo anterior significa que una vez terminado el proceso de auditoría al ejercicio 2024 y notificadas las acciones y recomendaciones que integran los informes finales a los entes fiscalizados, éstos tuvieron su última oportunidad para desahogar las observaciones en las que se determinan los daños y perjuicios al patrimonio y Hacienda Pública de las entidades revisadas.
“Recordemos que todos los entes fiscalizados; municipios y poderes ejecutivo, legislativo y judicial, conocen sus observaciones desde diciembre, cuando los notificamos formalmente e hicimos oficial la conclusión de auditorías a las cuentas 2024, con la firma del Acta de Cierre correspondiente a cada uno y desde ese momento tuvieron que aplicarse en los desahogos respectivos”, puntualizó el Auditor Superior del Estado.
Señaló además que a partir de la recepción de documentos, el Instituto cuenta con 60 días hábiles para determinar las observaciones no solventadas y dentro de los 30 días hábiles posteriores, informará al Congreso las acciones finales que emitirá, como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2024. En caso de persistir la no solventación de una o varias observaciones, el organismo fiscalizador procederá conforme la ley establece.
Esto es, notificará a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos; promoverá ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa u órgano interno de control la imposición de sanciones por faltas administrativas graves o no graves -según corresponda-, mediante el informe de presunta responsabilidad administrativa.
Para concluir, Rodrigo Lecourtois detalló que a través de la denuncia penal hará de conocimiento a la Fiscalía General del Estado la posible comisión de hechos delictivos y por medio de la solicitud de juicio político hará lo propio ante el Congreso del Estado, en el caso de omisiones o presunción de actos irregulares o con apariencia de delito, de los servidores públicos.
