Se aprobó en la comisión de educación el dictamen que reforma a la ley de la persona joven: Dip. Claudia Tristán Alvarado

DESTACADOS, LOCALES, SAN LUIS


EL OBJETIVO PRINCIPAL ES ACTUALIZAR LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA LEY VIGENTE DESDE 2012, QUE NO HAN EVOLUCIONADO ACORDE A LOS AVANCES SOCIALES Y A LAS NUEVAS REALIDADES QUE ENFRENTA LA JUVENTUD POTOSINA


La presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado diputada Claudia Tristán Alvarado, informó que en reunión de trabajo, fue aprobado el dictamen que contempla modificaciones sustanciales a la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.


Esta reforma tiene como objetivo principal actualizar los términos utilizados en la ley vigente desde 2012, los cuales no han evolucionado acorde a los avances sociales y a las nuevas realidades que enfrenta la juventud potosina.


Específicamente, se busca adecuar la denominación de jóvenes indígenas y jóvenes que asumen identidades sexuales no heterosexuales, por jóvenes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y jóvenes que se asumen como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.


La diputada Tristán Alvarado, dijo que es fundamental reconocer que las juventudes representan una parte significativa de la población en San Luis Potosí. Sus perspectivas, preocupaciones y aspiraciones son distintas a las de otras generaciones, lo que subraya la importancia de su inclusión activa en el proceso político.

Excluir a los jóvenes de la toma de decisiones parlamentarias equivale a marginar una voz vital en la construcción del futuro de nuestra nación.


La adecuación de estos términos no solo refleja un compromiso con la justicia social y la igualdad, sino que también asegura que las políticas públicas dirigidas a la juventud sean inclusivas y representativas de la diversidad cultural y sexual presente en San Luis Potosí.

La diputada Claudia Tristán Alvarado manifestó que esta iniciativa se enmarca en el cumplimiento de los principios constitucionales y los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consolidando así un marco legal moderno y sensible a las realidades contemporáneas.

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