¡Se va! Aprueba Congreso venta de terreno de Ford

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Con los votos en contra de los diputados Emma Idalia Saldaña Guerrero y Héctor Mauricio Ramírez Konishi, el Pleno del Congreso aprobó hoy enajenar el terreno e infraestructura con alza del 100% de su costo, que en su momento sería utilizado por la armadora Ford.

En sesión ordinaria, se validó que el terreno a favor de la empresa acerera Steel Dynamics Inc o a de alguna sociedad que forme parte de su grupo corporativo, tenga un valor comercial 2,058 millones 907 mil 200 pesos, localizado dentro del Parque WTC2 Industrial del municipio de Villa de Reyes.

Es decir, poco más del doble que la cantidad que el gobierno del priista Juan Manuel Carreras erogó en mayo de 2016, fue de mil 026.8 millones de pesos.

Durante la discusión, Bernarda Reyes Hernández del PAN,  Ramírez Konishi sin partido, Saldaña Guerrero del PMC y Edmundo Azael Torrescano Medina del PRI, plantearon propuestas complementarias al dictamen presentado, entre ellas, destinar un porcentaje del monto recaudado a la problemática del agua.

Saldaña Guerrero propuso que, de los recursos obtenidos el 25 por ciento se destinará al desarrollo económico, 25 por ciento a las pensiones del estado y 50 por ciento a la problemática hídrica. Al final las sugerencias no fueron incluidas en el documento.

El colegiado aprobó que la compañía deberá de realizar el pago del inmueble al Poder Ejecutivo, en una sola exhibición y en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

En caso de incumplimiento a los términos y plazos estipulados en el contrato de compraventa por parte de la empresa Steel Dynamics Inc., o de la sociedad que forme parte, el Poder Ejecutivo deberá rescindirlo e iniciar los trámites administrativos y judiciales para reincorporar el inmueble con todos sus accesorios al patrimonio estatal.

Especificó que informará al Congreso del Estado sobre la enajenación que se autoriza en el presente Decreto, en un término de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto con independencia de la información que deberá integrarse a la cuenta pública del año correspondiente.

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