San Luis Potosí, S.L.P.– El secretario de Gobierno del estado emitió una crítica pública tras la realización de un festejo en el municipio de Río Verde en el que una regidora participó en actividades con una stripper, lo que fue calificado por autoridades estatales como una conducta inapropiada que contraviene las normas de ética política y el decoro que se espera de las y los servidores públicos.
El funcionario destacó que, si bien los servidores públicos tienen vida privada, su comportamiento queda bajo la lupa de la sociedad cuando se representa a la ciudadanía, y este tipo de eventos puede deteriorar la confianza pública en los cargos que ocupan. La crítica se enmarca en un llamado general a conductas que respeten la dignidad del cargo y los valores que la sociedad potosina reclama de sus representantes.
El festejo, que generó comentarios encontrados en redes sociales y en distintos sectores políticos de la región, involucró la contratación de una bailarina en un evento privado al que asistieron varios integrantes del ayuntamiento de Río Verde, incluyendo a la regidora señalada. Las imágenes y videos que circularon motivaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la congruencia entre las obligaciones legales y el comportamiento de la funcionaria.
En su pronunciamiento, el secretario de Gobierno manifestó que, aunque los acontecimientos ocurrieron en un ámbito social, las formas y circunstancias en que se dieron son impropias de una autoridad municipal e instó a las y los representantes populares a conducirse con profesionalismo, respeto y responsabilidad ética.
La regidora involucrada no ha emitido, hasta el momento, una postura pública oficial respecto a la crítica ni aclaraciones sobre su participación en el evento, lo que ha mantenido el debate activo entre sectores de opinión pública sobre la relación entre la vida privada de funcionarios y las expectativas de conducta pública que la ciudadanía exige.
El caso ha reavivado la discusión sobre los límites éticos de las autoridades municipales y la responsabilidad que tienen frente a la sociedad para mantener estándares de comportamiento acordes con la función que desempeñan.
