Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado avanzan para legislar sobre la intervención del Ministerio Público de la Federación en los casos donde se ponga en riesgo la vida o la integridad física de un periodista.
Según uno de los proyectos de dictamen de las comisiones unidas, se establecería en el Código Federal de Procedimientos Penales que el Ministerio Público podrá atraer el caso dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud.
De esa forma, argumentan los legisladores, asegurarán que los delitos que se comentan en el fuero común tengan una ruta legal para que sean investigados y sancionados a nivel federal.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó que en comisiones de la Cámara Alta discutirán las nuevas leyes secundarias previstas en el artículo 73 constitucional, la cuales delimitan los casos en que la federación atraerá estos delitos y establece las nuevas facultades del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
En ese sentido, los senadores dieron a conocer nuevas adiciones al documento en cuestión, en donde se detalla que cuando exista una resolución que niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima u ofendido podrá interponer, ante el Procurador General de la República, un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha que se le haya notificado.
“El procurador general de la República deberá resolver el recurso en un término que no excederá de 48 horas hábiles. El recurso de reconsideración tendrá por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución relativa al ejercicio de la facultad de atracción. Se tramitará de manera expedita (y) el silencio del procurador constituirá el efecto de confirmar la resolución del Ministerio Público de la Federación”, detalla el articulado.
El dictamen también contempla la creación de fiscalías especializadas y de coordinación regional y desconcentración y, al mismo tiempo, abre el abanico para que otras áreas de la PGR y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tengan competencia.
De existir este vínculo. Las áreas de la PGR deberán coordinarse con la Fiscalía Especializada para que en todos estos casos se concluya la hipótesis de investigación relativa a la afectación, limitación, menoscabo del derecho a la información, de las libertades de expresión o de imprenta.
En ese escenario, la Fiscalía Especializada tendrá pleno acceso a los datos, registros y constancias de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de competencia, que se encuentre bajo el conocimiento de cualquier unidad administrativa de la PGR.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil, recordó que la reforma al artículo 73 constitucional no federalizó la materia en cuestión, ya que sólo le dio la facultad de atracción cuando se presuma que la autoridad competente no actuó con debida diligencia o haya sido incapaz de perseguir el delito.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, recordó que hubo un proceso de audiencias y fueron los propios activistas prodefensa de derechos humanos y de periodistas quienes impulsaron estas reformas.
Los senadores avanzan en modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, el Penal Federal y las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la PGR.
La legisladora perredista agregó que en las modificaciones también se busca que las entidades federativas promuevan la constitución de fiscalías locales que tengan una coordinación estrecha con la Fiscalía Federal de Agresiones a Periodistas.
En los foros organizados por el Senado participaron organizaciones civiles como Freedom House México y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
Las comisiones involucradas determinaron que será en la primera quincena de abril cuando el paquete de reformas a las leyes secundarias al artículo 73 constitucional estén la posibilidad de discutirse.
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