La periodista Paty Calvillo consigno en el noticiero de MG Radio que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en el sentido de que: “El tráfico de influencias no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
Sin embargo, mientras la mandataria plantea una cruzada contra los viejos vicios del poder, en entidades como San Luis Potosí algunos funcionarios federales actúan en total contradicción con ese principio. Uno de los casos más visibles ocurre en la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), encabezada por Ismael Carrillo Ávila, un funcionario procedente de Zacatecas que, según múltiples denuncias, ha instaurado un régimen de nepotismo, abusos y presunta corrupción.
Desde su llegada, Carrillo Ávila ha sido señalado por convertir la delegación en un feudo familiar. De acuerdo con investigaciones periodísticas, ha colocado en la nómina a su hija, Itari Carrillo, y al novio de esta, otorgándoles plazas sindicales sin cumplir con los perfiles requeridos. Esta red de privilegios ha generado un ambiente de informalidad, trato despectivo hacia los usuarios y un rezago grave en trámites fundamentales para comuneros y ejidatarios.
Dos reportajes recientes publicados por Astrolabio Diario Digital documentan las consecuencias de esta gestión. El primero expone el rezago administrativo que ha generado debates incluso en el Congreso local; el segundo describe un ambiente de desorganización, ventanillas ineficientes, personal sin capacitación y atención indigna hacia quienes buscan regularizar sus tierras o resolver conflictos agrarios de alto impacto social.
Cada mañana, en la sede del RAN ubicada en la esquina de SCOP y Juan de Oñate, decenas de personas llegan desde el amanecer con la esperanza de avanzar en sus trámites. La escena se repite a diario: largas filas, rostros de frustración y usuarios que se retiran con más dudas que soluciones.
Pero los señalamientos no se limitan a lo administrativo. Diversas fuentes han advertido que la delegación opera como facilitadora de trámites amañados que beneficiarían a intereses inmobiliarios privados. Se habla de omisiones estratégicas, cambios de uso de suelo opacos y actos que podrían derivar en despojos legales de tierras ejidales en municipios del estado.
En este contexto, versiones extraoficiales apuntan a que Carrillo Ávila habría recibido recientemente un automóvil nuevo como “regalo” por parte de un comisariado ejidal, bajo la condición de que la factura se le entregará solo cuando cumpla con ciertos trámites pendientes. De confirmarse, este hecho configuraría posibles delitos de corrupción y tráfico de influencias.
El caso del RAN en San Luis Potosí representa una prueba concreta para demostrar que esa promesa va en serio. Porque si la transformación no llega a las delegaciones que atienden directamente al pueblo, especialmente en el campo, la Cuarta Transformación corre el riesgo de quedar reducida a un eslogan.
