Aunque la defensa de Genaro García Luna ya presentó una apelación para intentar reducir su condena en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró poco probable que las autoridades estadounidenses modifiquen la sentencia de más de 38 años de prisión que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública.
Durante su conferencia, la mandataria recordó que el propio gobierno de Estados Unidos ha presentado el caso de García Luna como un ejemplo de altos funcionarios vinculados con el narcotráfico, incluso en documentos oficiales difundidos durante la presidencia de Donald Trump. Por ello, afirmó que, aunque el exfuncionario tiene derecho a apelar como cualquier ciudadano, no ve viable que prospere una reducción de pena.
Sheinbaum también subrayó que, aun en el escenario de que hubiera algún cambio en su sentencia en territorio estadounidense, García Luna enfrenta procesos pendientes en México. Señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes en su contra y que, de darse el caso, el gobierno mexicano solicitaría su extradición para que responda ante la justicia nacional.
El exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, tras haber sido declarado culpable de cinco cargos, la mayoría relacionados con narcotráfico. En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones y órdenes judiciales por diversos delitos.
La apelación fue presentada por su abogado, César de Castro, ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En el documento, la defensa sostiene que durante el juicio se violó el debido proceso y que la condena se basó en testimonios poco confiables y en información incorrecta.
Entre los argumentos, los abogados cuestionan declaraciones de testigos clave de la fiscalía, como un exagente de la extinta Secretaría de Seguridad Pública que aseguró un supuesto secuestro de García Luna en 2008. La defensa afirma que esa versión es falsa y que existen pruebas y otros testimonios que la contradicen.
Asimismo, se señala que se ocultó evidencia favorable al acusado, se limitaron los contrainterrogatorios, se presentaron propiedades que no están relacionadas con el caso y que la sentencia impuesta es desproporcionada. Con estos argumentos, la defensa busca que se anule el juicio o se reabra el caso.
Pese a estos intentos legales, la presidenta reiteró que no espera un cambio en el fallo estadounidense y recordó que, en cualquier escenario, García Luna deberá enfrentar también la justicia mexicana.
