Catorce años después de uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Veracruz, un juez dictó una condena de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, quien fue declarado culpable de homicidio doloso calificado por la muerte de 65 personas y por intento de homicidio contra otra víctima identificada como T.L.M.
Los crímenes ocurrieron entre finales de agosto y principios de septiembre de 2011, cuando Víctor Hugo “N” ordenó los asesinatos, cuyos cuerpos fueron abandonados en diferentes puntos de Boca del Río, entre ellos el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y los fraccionamientos Jardines de Mocambo y Costa Verde.
Uno de los momentos más impactantes sucedió el 20 de septiembre de ese año, cuando 35 cuerpos torturados y maniatados fueron arrojados en plena vía pública a plena luz del día. Las imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia y causaron conmoción nacional. Posteriormente, se hallaron otros 32 cadáveres en tres casas del municipio, justo cuando se realizaba un encuentro nacional de procuradores y presidentes de tribunales.
La magnitud del crimen rebasó la capacidad del servicio forense local, por lo que los cuerpos tuvieron que ser colocados en patios, apenas cubiertos por bolsas plásticas.
Días después, el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó la masacre mediante un video difundido en redes sociales. Aseguraron que su intención era enfrentar al grupo rival conocido como Los Zetas, y no al Estado.
En octubre de ese año, la Secretaría de Marina informó sobre la detención de ocho presuntos miembros del CJNG, conocidos como “Matazetas”, y doce integrantes de Los Zetas. Las autoridades detallaron que, gracias a trabajos de inteligencia, lograron localizar más cuerpos en distintos puntos de la ciudad.
Los hechos marcaron el inicio de una intensa disputa entre grupos criminales por el control de la zona, lo que llevó a la implementación de la Operación Coordinada Veracruz Seguro, con la participación de fuerzas estatales y federales para tratar de frenar la violencia.
Además de la sentencia, el juez ordenó el pago de reparación del daño y la suspensión de los derechos civiles y políticos de Víctor Hugo “N”.
