El problema del acaparamiento de agua en México durante la sequía ha evidenciado la desigualdad social que afecta a miles de personas, advirtió el Dr. Luis Enrique Granados Muñoz, investigador del Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis (Colsan). El especialista destacó que, a pesar de la infraestructura hidráulica existente, muchas comunidades urbanas y rurales siguen enfrentando desabasto, mientras que grandes volúmenes de agua permanecen concentrados en manos de unos pocos.
Granados subrayó la necesidad de revisar las concesiones actuales, como lo establece el Plan Nacional Hídrico. Señaló que, si no se toman medidas, el país podría enfrentar un escenario de competencia extrema por el agua. “Antes de llegar al punto donde todos nos peleemos por un vaso de agua, debemos analizar quiénes concentran las concesiones”, alertó.
El investigador también denunció la existencia de los llamados aquatenientes, actores que controlan fuentes hídricas de alta calidad, lo que reduce aún más la posibilidad de un reparto equitativo, especialmente en periodos de sequía prolongada.
Las investigaciones del Colsan han revelado que hay empresarios con concesiones que les permiten manejar volúmenes de agua equivalentes a los que consume un municipio pequeño en San Luis Potosí. Esta situación, según Granados, refleja la profunda desigualdad hídrica que atraviesa el país.
A esta problemática se suma la eficiencia variable de los organismos operadores del agua, cuya capacidad o falta de ella influye directamente en la distribución del recurso. En algunos casos, la mala gestión agrava aún más el desabasto en las colonias afectadas.
El académico concluyó que el problema va más allá de la infraestructura; es una cuestión de justicia hídrica. Explicó que existen colonias que han sufrido por años la falta de agua, mientras que otras zonas nunca han experimentado desabasto, ni siquiera en contextos de crisis. “No se trata solo de construir más tuberías, sino de corregir un desequilibrio social histórico”, finalizó Granados.
