Por Luis Lauro Ramos Rodríguez. @lauroramosr.
La Fiscalía General del Estado, como organismo autónomo consignado a la procuración de justicia, ha sido un gran fracaso.
En 2023, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal realizado por el INEGI, se abrieron más de 60 mil carpetas de investigación por diversos delitos en el estado, de las cuales únicamente 11 mil 899 terminaron con algún detenido relacionado con estos hechos.
Este rezago, de alrededor del 80% de casos sin resolver, no lo atribuyo enteramente a sus titulares, sino a deficiencias estructurales que responden a un preocupante fenómeno nacional de ineficacia en nuestro sistema de procuración de justicia.
No obstante, traigo a colación lo que un docente mío mencionó hace algunas semanas en clases ~quien fungió como agente del Ministerio Público y, posteriormente, como director de averiguaciones previas de la misma institución~, cito: “Cuando existe voluntad política, la fiscalía encuentra la manera de resolver cualquier caso”.
Hago mención de esto porque en este sexenio ha quedado en evidencia, y con creces, la veracidad de esta frase.
HACEN POLÍTICA
La FGE ha demostrado ser, antes que un órgano encargado de resolver los problemas de la mayoría de los potosinos ~me refiero a los delitos más comunes, como robo, daños a la propiedad, amenazas, violencia intrafamiliar, etc., que son los más denunciados~, un brazo más de la operación política que ejerce el poder coercitivo para satisfacer intereses del poder ejecutivo del estado a cargo de Ricardo Gallardo.
Desde diciembre de 2021, mes en que José Luis Ruiz Contreras asumió la titularidad de la FGE, apenas poco más de dos meses después de que Ricardo Gallardo asumiera como gobernador del estado, la fiscalía se ha convertido en una herramienta para la persecución política y la atención de asuntos por consigna.
Esto no fue casualidad. La llegada de Ruiz Contreras a la fiscalía se dio tras la renuncia del hoy secretario general de la UASLP, Federico Garza, probablemente como producto de una negociación cuyo eje rector fue lo que alguna vez citaba el presidente Adolfo López Mateos cuando le preguntaron sobre qué cualidades se necesitaban para ser fiscal general de la República. Respondió que tres: “Primero, ser leal; segundo, ser leal; y tercero, ser leal. Si, además, sabe Derecho, mejor”. Esta misma frase pudo servir para el nombramiento de Manuela González Cazares como sustituta de Ruiz Contreras para que este se convirtiera en secretario de Seguridad de nuestra entidad. A la magistrada “Manuelita” hasta la mano le dejaron meter en la designación de comisionados de la CEGAIP, pues ambos han demostrado contar con la misma cualidad de lealtad.
La FGE se ha visto en el ojo del huracán mediático por la persecución de funcionarios públicos de la administración pasada cuyos casos resultan políticamente lucrativos, teniendo como ejemplo más vigente el caso del ex titular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow. En tan solo 7 meses en el cargo fueron suficientes para ser investigado por el desvío de más de 30 millones de pesos en compras simuladas. Este caso contrasta con el de la doctora Mónica Rangel, quien ocupó la misma secretaría durante la administración carrerista, se declaró culpable por un fraude de 22 millones de pesos y quedó en libertad. No obstante, según declaraciones del mismo gobernador, la suma del dinero devuelto por MR sería de hasta 150 millones de pesos, incluyendo 50 que habrían sido devueltos en pleno juicio dentro de cajas de huevo llenas de “billete grande”, contradiciendo así los dichos del gobernador con la información publicada en aquel entonces.
Pero la Secretaría de Salud no ha sido la única que ha visto los esfuerzos rara vez concretados de la fiscalía para la obtención de justicia. El otrora secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Pineda, también fue sometido a un juicio que concluyó con la devolución de 2.3 millones de pesos y aceptó su culpabilidad por los delitos de uso ilícito de las atribuciones y facultades y ejercicio indebido de las funciones públicas.
Otro caso que llama la atención es el relacionado con el proyecto de RedMetro, que formó parte del proyecto de infraestructura y movilidad del sexenio pasado. Tanto el diputado panista Rolando Hervert como el titular de la SEDUVOP, Leopoldo Stevens, han sido señalados por delitos relacionados con este proyecto, en el cual existiría un desfalco al erario público de cerca de 150 millones de pesos. Ambos exfuncionarios se encuentran privados de su libertad.
En este punto, vale la pena realizar una aclaración. Si estos personajes de los que hemos hecho mención son responsables de lo que se les ha señalado, que se les dé cárcel y que devuelvan los dineros que se robaron. Pero también me invitan a cuestionar cómo un organismo tan deficiente como la Fiscalía General del Estado únicamente es asertivo cuando se trata de cuestiones políticas.
Digo esto porque, aunque son nombres importantes, no son los únicos que han sido señalados por actos de corrupción a los que la FGE ha decidido prestar menos atención. Por el contrario, el caso de Jorge Luis Díaz Salinas, quien acaba de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, ha sido investigado por el desvío de recursos destinados a “apoyos legislativos”, los cuales, una vez auditados, también concluyeron con la devolución del dinero público. Mismas implicaciones tiene el nuevo secretario en la llamada “ecuación corrupta”, en la que participaron el hoy secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres, y el diputado federal por el PVEM, Óscar Bautista. Esta ecuación pretendía extorsionar a distintos ayuntamientos locales a cambio de favores en el Congreso del Estado.
La deficiencia de la Fiscalía, da pintas de ser selectiva dependiendo del interés político de algún asunto, más allá de concentrarse en su verdadero objetivo de garantizar la tranquilidad de los potosinos respecto a los asuntos que los atienen, priorizan la lealtad y el servilismo a los intereses políticos.
Hasta el próximo lunes.
