DISCRIMINACIÓN POR PARTIDA DOBLE Para la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría, a diferencia de otros grupos vulnerables o susceptibles a la discriminación, en el caso de la mujer adulta mayor la segregación no comienza al superar la barrera de los 60 años, sino desde la misma infancia. Desde temprana edad, el género femenino experimenta una doble discriminación que incluye trabas en el acceso a la educación, acceso limitado a los servicios de salud y a las ofertas laborales, rechazo durante el embarazo y la menopausia, así como la atribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado de niños, enfermos y suegros, labores socialmente imputadas a las mujeres. De esta forma, con respecto al hombre adulto mayor, la mujer de la tercera edad presenta mayor pérdida de años de vida saludable, mayor prevalencia a síntomas depresivos, menor escolaridad y menor cantidad de recursos propios, aunque una importante presencia en el comercio informal, pues cabe destacar que del porcentaje de adultos mayores que trabajan en el sector informal (37.4%), 54.4% son mujeres, lo que también es muestra de discriminación. Según corroboró la Encuesta de Salud y Nutrición de 2012, a pesar de que frecuentemente se piensa que se encuentran en un estado mayor de deterioro nutricio, una gran cantidad de adultos mayores padecen sobrepeso u obesidad, lo que los vuelve más propensos a problemas de diabetes y presión mal controlados, y a la aparición de diversos tipos de cáncer, que tienen que relación tanto con la edad como con la mala nutrición. Así lo destaca Loredana Tavano Colaizzi, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, quien coincide en que en el caso de las mujeres, la aparición de estos males está ligada con las menores oportunidades de educación, trabajo formal y atención médica. Estas y otras diferenciaciones repercuten en la salud y calidad de vida que la mujer tendrá al llegar a sus “años dorados”, momento en que será discriminada nuevamente, por el simple hecho de ser considerada vieja. De acuerdo con la doctora Giraldo Rodríguez, un dato interesante es el hecho de que la feminización de la vejez, debida a la mayor expectativa de vida de las mujeres, ha hecho que a partir de los 75 años, éstas presenten un ligero repunte en su economía personal, lo que se explica no como un fruto de sus años de trabajo, sino porque es la edad promedio en que reciben la pensión de su cónyuge, tras fallecer éste. Además, a diferencia de los varones pertenecientes a la tercera edad, la mujer recibe mayores recursos por “ingresos intergeneracionales”, lo que significa que tienden a recibir más apoyo económico de sus hijos. Pero este apoyo económico de los hijos o de la pareja ausente está lejos de servir a la mujer como un broche de oro a su larga vida de sacrificios en el hogar, ya que en México, país que se precia de sus valores familiares y de presumir a la figura materna como símbolo de “veneración cuasi divina”, 18 de cada 100 mujeres adultas mayores reciben algún tipo de maltrato (en el caso de los hombres, la relación es de 12 por cada 100). Lo alarmante de esto es que si bien los varones tienden a sufrir maltrato físico y negligencia de personas ajenas a su familia, la mayor parte de la violencia física, psicológica, económica o sexual que padece la mujer adulta mayor proviene de alguna persona de su propio círculo familiar, plantea la especialista. En el caso de la Ciudad de México, cifras de la oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) revelan que en 2011 recibió mil 408 denuncias por violencia hacia mujeres mayores, de las cuales 519 fueron por agresiones de familiares; 357, por delitos “graves”; 331, por amenazas, y 13, por violencia sexual. De esos 519 casos por violencia familiar, 45% de las agresiones fueron por parte de los hijos de las denunciantes (adultas mayores de 60 años), seguido de los esposos, nietos, sobrinos, hermanos y otros familiares. Los indicadores, hasta agosto de 2012, muestran que se habían atendido 467 casos de violencia contra mujeres adultas mayores. SIN PERSPECTIVA Para disminuir la brecha entre el género y la edad, las medidas que se deben plantear para reducir la discriminación a las mujeres adultas mayores deben orientarse en tres niveles, apunta Giraldo: el macro, al garantizar el respeto y la protección a sus derechos humanos; el medio, con políticas públicas efectivas que brinden acceso igualitario de las mujeres a todo tipo de servicios, así como la generación de indicadores que den cuenta de la doble discriminación, y el nivel micro, mediante la educación desde el seno familiar y las aulas escolares. “La perspectiva de género no ha sido transversalizada efectivamente en las políticas y programas de envejecimiento, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Existe una carencia de reportes sistemática acerca de las experiencias de las mujeres mayores, limitando así la efectividad de las políticas dirigidas a este grupo. El resultado es que las mujeres adultas mayores frecuentemente se encuentran en las fisuras normativas entre el género y el envejecimiento, permaneciendo invisibles en el proceso de diseño de políticas”, añade. El gobierno mexicano ha mostrado interés en atender las necesidades de adultos mayores, sobre todo de quienes tienen menos recursos económicos y una muestra de ello es la creación del Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud y programas sociales como “70 y más” –que otorga una pensión económica a las personas mayores de 70 años–, además de programas de descuentos en clínicas públicas, transporte públicos y otros. Sin embargo, a juicio de los especialistas, se ha olvidado que la calidad de vida va de la mano con un derecho internacional: el Derecho a una Vida Libre de Violencia, que no sólo está considerado en tratados internacionales y convenciones como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Parà), sino en leyes, reglamentos y políticas públicas en contra de la violencia y en específico de la violencia de género como lo es la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, existen instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que se encarga de crear políticas públicas para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia de género. El problema, insisten, es que el envejecimiento se ha presentado de manera común como un estado de orden biológico y cronológico significativo en la vida de las personas, donde sus expresiones y signos son descritos por medio de conceptos como el desequilibrio, la deficiencia, la discapacidad y la enfermedad. Al respecto, Liliana Giraldo crítica que se analice el maltrato a personas adultas mayores “a partir de una concepción de personas frágiles que necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de su vida diaria” y han enmarcado este tipo de maltrato a la violencia doméstica en la que además están presentes: el maltrato infantil y la violencia contra las mujeres en el ámbito conyugal. Por ello, dice, este tema no ha sido tratado con perspectiva de género debido a que se tiende a culpar a la víctima, principalmente por una falta de consenso sobre la definición del concepto género y por investigaciones que abordan “el estrés que sufren quienes proveen los cuidados, es decir, un cuidador formal o informal que, en la mayoría de los casos –para México–, es un familiar”. Estás hipótesis, afirma, no deben ser un pretexto para que los programas sociales y políticas públicas en México sigan enmarcados en la atención de este grupo de edad sólo a través de los apoyos económicos o descuentos, que si bien, son de gran ayuda, no alcanza a darles la vida digna que merecen y a la que tienen derecho. http://www.sinembargo.mx/08-03-2013/550881]]>
