El coordinador parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, Héctor Serrano, defendió su iniciativa para establecer mecanismos de certificación y control de confianza a aspirantes y actores de la vida pública, al asegurar que la propuesta busca cerrar el paso a la infiltración del crimen organizado en las instituciones y no convertirse en un instrumento de control político.
Durante una entrevista concedida a MG Radio, Serrano sostuvo que el planteamiento nace de una preocupación social creciente frente a casos en distintas entidades del país donde, dijo, grupos delictivos han logrado operar mediante candidatos o funcionarios vinculados a actividades ilícitas como extorsión, secuestro o cobro de piso. Como fue el caso de Tequila Jalisco, donde cayó Diego Rivera Navarro alcalde morenista por liderar una presunta red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
“El objetivo es evitar que este tipo de prácticas, amparadas incluso bajo procesos democráticos, permitan que grupos criminales sigan infiltrando instituciones”, señaló.
La iniciativa ha provocado debate público luego de que algunos sectores cuestionaran la posibilidad de que los mecanismos de evaluación quedaran bajo influencia gubernamental. Frente a ello, el legislador respondió que la intención es construir un esquema consensuado, abierto a discusión con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local y con participación institucional.
Serrano enfatizó en su intervención en el noticiero de Jesús Aguilar que él mismo se ha sometido anteriormente a procesos de certificación y control de confianza, incluso bajo administraciones de distinto signo político. Recordó que en 2012, cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno en la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, acudió voluntariamente a evaluaciones del entonces CISEN.
“Me sometí al examen confiando en la institución y aprobé ampliamente las condiciones de certificación”, afirmó. Añadió que este tipo de mecanismos permiten acreditar científicamente si un servidor público mantiene vínculos con la delincuencia organizada, consume drogas o presenta inconsistencias patrimoniales.
El legislador insistió en que la propuesta incluso podría funcionar bajo un esquema voluntario, donde los propios actores políticos decidieran someterse públicamente a controles toxicológicos, polígrafo y revisiones patrimoniales como una forma de transparentar su actuación ante la ciudadanía.
“Quienes estamos en la vida pública debemos garantizar certeza a los ciudadanos”, expresó.
En la misma entrevista, Serrano vinculó el tema con reformas recientes en materia de deudores alimentarios, al considerar que el país vive una etapa donde los mecanismos de verificación y responsabilidad pública se vuelven cada vez más necesarios para quienes buscan participar en procesos electorales.
