El 21 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) publicó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres de San Luis Potosí por violencia feminicida para seis municipios, se trata de un contexto criminal, de inseguridad, de impunidad y de indiferencia que está por cumplir seis años.
También en la semana anterior a propósito de una exposición donde se me pidió ahondar en la evolución jurídica del feminicidio desde que comenzara a llamarse así al norte del país, como una denuncia de víctimas y organizaciones feministas hasta su entrada en los códigos como un tipo penal, fue mencionado el 14 de mayo siendo una fecha de conmemoración que le recuerda al Estado de San Luis Potosí una deuda de acceso a la justicia íntimamente vinculada a la Alerta. No ha faltado la pregunta: ¿Por qué parece que nada funciona? ¿Quién es responsable? Quienes.
Los pendientes en el avance de la AVG obran en el Tercer Dictamen del Grupo que analiza al Estado, no es necesaria la inventiva, de hecho, es indeseada. Al día en que esta columna se publica han pasado 2179 días, 1 cambio de presidencia, 2 gobernaturas, 2 legislaturas, varios cambios de presidente municipal y ellos a su vez de partido, en conjunto una diversidad de gestiones bien distintas en la política pública y criminal en donde se decide hacer o no algo ante la violencia contra las mujeres.
A las cifras que justificó el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jorge Vega Arroyo en la solicitud de la Alerta se han sumado análisis académicos y actualizaciones de la incidencia delictiva contra las mujeres lo cual permite señalar: no existe ninguna disminución en este problema en tanto se mida la violencia feminicida como lo indica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Entre enero y abril de este 2023 que es hasta donde se han publicado las cifras a nivel nacional, en San Luis Potosí se recibieron 5865 llamadas al 911 por incidentes relacionados con agresiones a mujeres de las cuales 4184 son violencia familiar.
Aunado a ello, se iniciaron 223 carpetas de investigación por violación, 719 por lesiones, 3000 por violencia familiar y 37 por probable homicidio o feminicidio, además, entre los cien municipios con incidencia de presuntos feminicidios Soledad de Graciano Sánchez ocupa el lugar número 9 y la capital el número 45 en la lista.
Si esa es la tendencia, presumir una disminución sólo podría ser a raíz del ocultamiento o debilitamiento sistemático de las áreas que a nivel Estatal y municipal son responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Uno de los apuntes necesarios, es precisamente la ausencia de crítica y de contrapesos ciudadanos o desde el poder legislativo, cosa que no sucedió en el gobierno anterior, actualmente las y los diputados apuntan a iniciativas de reforma del nivel de la castración química, pero no exigen al Ejecutivo finalmente responsable de dar seguimiento que rinda cuentas.
Al contrario, las omisiones del Congreso sobre legislar en materia de aborto, justifican la solicitud de una segunda Alerta ante la CONAVIM por agravio comparado, siendo que esa negativa, al igual que los señalamientos de que debe consultarse a la “sociedad” etc., generan una desigualdad jurídica concreta que afecta los derechos de las mujeres en el Estado.
Si se habló recientemente con alguien sobre cómo no se acata el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue con Eduardo Verástegui a quien se le organizó un parlamento abierto y quien afirmó tener una organización dedicada al tema de la trata de personas metiendo propuestas de ley sin ser potosino. Lo que vino a decir el actor es mentira, Verastegui no es abogado, no tiene ninguna cédula a su nombre, ni experiencia en el tema de las mujeres, de saberlo tendría claro que quienes más provocan abortos son varones agresores que golpean a sus parejas estando embarazadas. Pero a ninguno le importó preguntar.
Justo por eso, algo si debemos agradecer a Verástegui, haber provocado senda pornografía política demostrando el pragmatismo con que se mueve toda la gente que decide, si en ello se fueron entre las patas los derechos de las mujeres, entonces podemos comprender a la perfección por qué esta AVG y la que va a sumarse pronto, van para largo.
A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
