La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Apenas la semana pasada, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo, además, que cuentan con información de 124 objetivos “donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada”.
La ASF documentó, por su parte, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas -de las cuales por lo menos un centenar eran “fantasmas”-, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.
El pasado 31 de julio, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México suspendió, por el momento, cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en los últimos días -a petición de la Fiscalía General de la República (FGR)-, para vincular a proceso a Robles Berlanga.
El juzgador de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo presentada un día antes, y fijó para Robles Berlanga una garantía de 69 mil 500 pesos. Asimismo, giró oficios a la FGR y a diversos jueces federales, requiriéndoles que rindan sus informes previos y justificados.
Vargas Alarcón pidió a sus homólogos que especifiquen si existe la orden de aprehensión contra la ex titular de la Sedesol y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El juez de Distrito fijó, además, para el próximo 6 de agosto, la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva a Robles Berlanga, quien está citada para el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Ello para una audiencia inicial donde Robles Berlanga podría ser imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del caso de la llamada “Estafa Maestra”, mismo que no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que la ex funcionaria federal podría llevar su proceso en libertad.
“Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe hacer la aclaración que la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en flagrante delito o se trate de caso urgente, en términos del artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos”, señaló el juez.
El juzgador indicó, también, que la medida dejará de surtir efectos si Robles Berlanga no exhibe dentro del plazo de cinco días, los 69 mil 500 pesos de garantía, “cantidad que se fija de manera discrecional por el suscrito” Vargas Alarcón.
“Ya que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el numeral 168, de la ley reglamentaria; en la inteligencia que dicha garantía podrá ser modificada al resolver acerca de la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo del juez de Distrito.
Julio Hernández Barros, abogado defensor de Robles Berlanga, había solicitado el amparo contra la orden de aprehensión, la orden de comparecencia y la ejecución de ambos actos. Sin embargo, el juez sólo concedió la suspensión de manera parcial “para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”.
El 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no será tapadera de nadie” en el caso de la vinculación a proceso contra Robles Berlanga por el supuesto delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada “Estafa Maestra”.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional se refirió a la solicitud que hizo la FGR para vincular a proceso a Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Puntualmente tres cosas: Uno: cero corrupción, y agrego, cero impunidad. Dos: no solapar actos de corrupción, no somos tapadera. Tres: se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que nos solicite, porque la Fiscalía es la que tiene abiertas las investigaciones en este caso”, indicó López Obrador.
“Y todos los informes que tienen que ver con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hay una instrucción precisa a Santiago Nieto [Castillo] de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver: no hay impunidad para nadie, entonces hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales”, abundó el presidente.
El político tabasqueño agregó que la FGR está realizando una investigación amplia, “sin limitaciones”, en este caso. “Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la Fiscalía”, comentó.
El titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre si su Gobierno presentará denuncias contra otros exfuncionarios públicos que pudieran haberse involucrado en el caso de la “Estafa Maestra”
“No sé exactamente pero como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que están implicados serán llamados a declarar, ese es el procedimiento y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones, para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados, que no haya haya corrupción”, explicó López Obrador.
“Pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros a aportar toda la información que nos soliciten sobre esto”, concluyó el presidente de la República.
ACUSA ROBLES VIOLACIÓN A SUS DERECHOS Y AL DEBIDO PROCESO
Robles Berlanga aseguró que la acusación de la FGR en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso, por la forma en que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, aunque que la ex funcionaria federal afirmó que “dará la cara”.
Al respecto, en una tarjeta que difundió en su cuenta de la red social Twitter, Robles Berlanga dijo que el citatorio para comparecer ante el juez el próximo jueves 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur, no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan, “minando con ello mi capacidad de defensa”.
“Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación”, detalló Robles Berlanga.
La exfuncionaria federal aseguró que, “como siempre”, actuará con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. “Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos”, apuntó.
La exsecretaria de Desarrollo Social fue citada por la FGR, pero se enteró por los medios de comunicación, y no por las autoridades, aseguró ayer martes su abogado defensor, Julio Hernández Barros.
“Creemos que han sido vulnerados sus derechos humanos. Nunca fue citada por la Fiscalía. No ha sido oída o mencionada en una carpeta de investigación. Se ha hecho a escondidas, sin ninguna transparencia. Contraviene al sistema de justicia penal donde el fiscal [Alejandro Gertz Manero] fue partícipe, actuando en contra de sus propias propuestas. Todo esto se hace con un verdadero y flagrante violación de sus derechos humanos”, aseguró el litigante en entrevista para el Grupo Fórmula.
Hernández Barros detalló que Robles Berlanga se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación y señaló que no saben cuál es el hecho por el que se mandó a llamar a la ex funcionaria federal ante las autoridades.
“Nos enteramos por los medios de comunicación. No fuimos nunca enterados por la Fiscalía. Incluso en el citatorio donde se le llama a Rosario, no se hace relación de los hechos que se le imputan. La Fiscalía comunicó mejor a la opinión pública las cuestiones que debería habernos comunicado a nosotros, sin darnos la oportunidad de defendernos, de presentar pruebas”, comentó Hernández Barros.
“[Robles Berlanga] Se presentará el 8 de agosto. Rosario es inocente, no ha cometido ninguna falta; tiene una conducta apegada a derecho, no ha participado en ningún acto contrario a las leyes”, puntualizó el abogado defensor.
La FGR busca vincular a proceso a Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa. El 25 de julio la Fiscalía realizó la petición para celebrar la audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso contra la ex titular de la Sedesol y Sedatu.
Ello ante el juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Según el diario Reforma, el juzgador citó a Robles Berlanga para comparecer el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas.
Sin abundar en mayores detalles, Milenio mencionó la posibilidad de que los delitos que se le pretenden imputar a la mujer de 63 años de edad se relacionen con el ejercicio de los recursos públicos de la llamada “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, misma que se creó para acabar con la pobreza alimentaria en México.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador evaluó que en 2017 dicho programa social sólo atendió al 0.1 por ciento de la población en situación vulnerable.
“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de Audiencia Inicial para Formular imputación y vinculación a Proceso, en contra de la C. María del Rosario “N”, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público (Artículo 214 fracción III del Código Penal Federal)”, dice la solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR deberá demostrar que existen elementos que permitan iniciar un juicio contra la ex funcionaria federal.
El documento es la solicitud de audiencia para formular la imputación y vinculación a proceso, que forma parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, en la que se tiene en calidad de víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien presentó la denuncia en contra de Robles Berlanga en el 2018.
La FGR solicitó al juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur que le designe a Robles Berlanga un defensor público federal, en caso de que la ex funcionario federal no cuente con abogados privados.
En mayo de 2019, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia de prensa que la investigación contra Robles Berlanga se iba a reestructurar, debido a que se provocó un daño al erario de 5 mil 875 millones de pesos.
El 16 de octubre del 2018, siendo aún titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Federal, Robles Berlanga compareció en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto.
Pero también para que explique las triangulaciones y desvíos de recursos, por medio de empresas fantasma, en contrataciones de la dependencia y cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
La entonces funcionaria aseguró que los señalamientos de los diputados federales se trata de “violencia política de género”, y que ha sido señalada por medios, actores políticos, así como por la ASF por “machismo”, institución que, dijo, no la imputa a ella como persona, sino a las instituciones de las que fue titular.
“¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?” y “Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público”, se leía en mantas que portaban los legisladores mientras la funcionaria federal comparecía en tribuna.
Algunos diputados demandaron, incluso, cancelar la comparecencia ante lo que llamaron “cinismo” de Robles Berlanga, quien primero culpó a las universidades públicas de los presuntos desvíos, pero después se retractó y dijo que confiaba en estas.
“Quiero ser clara, a la Sedatu y Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con universidades no les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y son responsables de ello”, dijo Robles Berlanga, para luego afirmar que ambas dependencias no contrataron con ninguna empresa y no hay un solo contrato suscrito con éstas, mucho menos “fantasma”.
“No hay elementos de pruebas que las empresas, que hayan participado por el trabajo de las universidades, hayan sido contratadas por estas instituciones”, afirmó Robles Berlanga, para luego abundar que ha sido la más abierta a que el tema se investigue por las instancias competentes, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de la ASF, así como de la SFP.
En su discurso inicial, Robles Berlanga afirmó, entre otros temas, que se realizaron más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público para beneficiar a 4.4 millones de hogares. Además, señaló que tres de cada 10 créditos para viviendas ha sido para jóvenes menores de 30 años y cuatro de cada 10 son para mujeres.
EL DESFALCO EN LA SEDATU Y SEDESOL LIGADO A “LA ESTAFA MAESTRA”
La entonces titular de la Sedatu -en la que estuvo al frente desde el 27 de agosto de 2015-, provocó un quebranto patrimonial en dicha dependencia Federal por 3 mil 855 millones de pesos, al desviarlos de recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar, esto según datos de la ASF.
Además, el diario Reforma informó que durante la titularidad de Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social -del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015- y ahora en la Sedatu del Gobierno Federal, se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas simuladas o “fantasmas”.
Esto según lo detectó la ASF en tres auditorias forenses realizadas a los recursos ejercidos en 2014 y 2015. Parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países, entre ellos: China, Ecuador, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Corea del Sur, y Pakistán.
En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo, fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu del Gobierno Federal firmaron convenios con dichas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
En septiembre del 2017, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.
En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de 11 dependencias federales -entre ellas la Sedesol con Rosario Robles al frente-, mismas que pagaron 7 mil 670 mdp en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.
LA ACUSACIÓN CONTRA EMILIO ZEBADÚA
La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la Sedesol) y la Sedatu, durante la titularidad de Robles Berlanga- ante la FGR, por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
Según el diario Reforma, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio pasado, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 58 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre pasado, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.
Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue apenas el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.
El 24 de junio, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.
El fallo judicial obliga a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumente sobre la procedencia de la misma.
Zebadúa González fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. En 2006 manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcade de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.
Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). El 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.
