La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de posponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, una votación inédita en el país que forma parte de la reforma judicial impulsada desde el sexenio anterior.
De acuerdo con información publicada por El País, el proceso contemplaba la elección de alrededor de 849 cargos judiciales, lo que implicaría una de las transformaciones más profundas en la forma de designar a los integrantes del Poder Judicial en México.
La mandataria reconoció que, ante el actual contexto de incertidumbre económica, su gobierno analiza la posibilidad de aplazar el proceso hasta 2028, con el objetivo de reducir la presión sobre el calendario electoral y revisar algunos aspectos de la reforma.
El eventual aplazamiento también respondería a las dificultades logísticas y presupuestales que implica organizar una elección de gran escala para designar cargos judiciales en todo el país. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha advertido que el proceso requeriría tiempo adicional, recursos y reglas claras para su implementación.
La reforma judicial ha generado debate entre especialistas y el sector empresarial, que han señalado posibles riesgos para la independencia del Poder Judicial y la confianza de los inversionistas, lo que podría influir en el flujo de capital hacia el país.
En este contexto, analistas advierten que la falta de certidumbre jurídica podría elevar los costos de inversión y llevar a algunas empresas a recurrir a tribunales internacionales para resolver disputas, reflejando preocupaciones sobre el entorno institucional en México.
La discusión sobre el futuro de la elección judicial se produce mientras el gobierno federal impulsa otras reformas políticas y electorales, en un escenario marcado por tensiones entre los objetivos de transformación institucional y las señales que perciben los mercados internacionales.
