En México existen actualmente cerca de 158 millones de líneas telefónicas activas, una cifra que supera a la población del país. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este escenario hace necesario contar con un sistema confiable que permita identificar a los usuarios cuando se cometen delitos, sin que esto implique vigilancia generalizada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el registro de teléfonos celulares busca reforzar la seguridad pública y combatir delitos como la extorsión y el fraude, prácticas que han ido en aumento en los últimos años. Subrayó que el objetivo no es saber dónde está la gente ni rastrear a los ciudadanos de manera indiscriminada.
Sheinbaum aclaró que la información personal no será almacenada por el gobierno, sino por las propias compañías telefónicas, que son las responsables de resguardar los datos de sus clientes. Señaló que existe desinformación al respecto y que es importante dejar claro que el Estado no concentra ni administra estas bases de datos.
La presidenta enfatizó que las autoridades solo pueden solicitar información a las empresas de telefonía cuando existe una denuncia formal y un delito relacionado con una línea telefónica específica. Por ejemplo, en casos de llamadas de extorsión o fraude que sean reportadas al número 089, las áreas de seguridad pueden pedir a la compañía identificar a quién pertenece ese número.
Insistió en que no hay acceso automático ni permanente a los datos de los usuarios y que cualquier solicitud se realiza únicamente bajo los cauces legales correspondientes. “El registro se hace en la telefónica y solo si hay un delito, la autoridad puede requerir esa información”, explicó.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que esta medida está enfocada en proteger a la ciudadanía y fortalecer la capacidad del Estado para actuar frente a delitos cometidos a través de teléfonos móviles, sin vulnerar la privacidad ni los derechos de las personas.
