La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial se intensificó después de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negara haber cometido desacato respecto a una orden judicial que le exige eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Sheinbaum aseguró que no ha sido notificada formalmente de la suspensión definitiva que exige borrar dicha reforma, y advirtió que denunciará a la jueza Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura por supuestas irregularidades. Además, mencionó que consultará al Congreso si una jueza tiene la facultad para ordenar esta medida. A pesar de amenazar con un posible juicio político, afirmó que no interferirá directamente.
En respuesta, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, recordó que el respeto a la ley es fundamental para garantizar la democracia y la separación de poderes en México. Piña también mencionó que la reciente reforma judicial representa un golpe al Estado de derecho y puede socavar la imparcialidad de la justicia, llevando a una mayor politización del sistema judicial.
Expertos constitucionalistas han advertido que el incumplimiento de las resoluciones del Poder Judicial podría llevar al país a una crisis constitucional. Este escenario podría surgir si el gobierno no acata la orden de eliminar la reforma del Diario Oficial, lo cual, señalaron, es una consecuencia de una reforma mal planeada que no incluyó adecuadamente las leyes secundarias o transitorias.
El 17 de octubre, la jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Distrito de Veracruz, instruyó a Sheinbaum y al director del Diario Oficial, Alejandro López González, que retiraran la publicación del decreto de la reforma judicial emitido en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dándoles un plazo de 24 horas para cumplir.
Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, subrayó que no cumplir con una orden judicial es un delito y alertó que las declaraciones del gobierno de no acatar futuras resoluciones de la Suprema Corte colocan al país al borde de una crisis constitucional. Según él, un gobierno democrático debe acatar primero las sentencias y, en caso de desacuerdo, recurrir a los mecanismos legales para impugnarlas, algo que el Ejecutivo parece estar evitando.
Otro experto, Juan Jesús Garza Onofre, también de la UNAM, destacó que los recientes eventos muestran que la política está por encima del derecho en México, algo que no es propio de una democracia sana. La situación sigue cambiando día a día, pero los especialistas coinciden en que el respeto a las decisiones judiciales es esencial para la estabilidad democrática.
