El gobierno de México confirmó el traslado a Estados Unidos de 37 personas privadas de la libertad, quienes eran requeridas por autoridades de ese país por su presunta participación en delitos relacionados con el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República informaron que la entrega se realizó desde distintos centros penitenciarios del país, bajo protocolos oficiales y con apego a la ley.
Las dependencias federales señalaron que el procedimiento se llevó a cabo respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas y conforme a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos internacionales vigentes. Añadieron que esta acción forma parte de los esquemas de cooperación y coordinación entre México y Estados Unidos.
Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la decisión de entregar a estas personas fue tomada de manera autónoma por el Estado mexicano, luego de un análisis realizado en el Consejo Nacional de Seguridad. Aclaró que la solicitud provino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero que la determinación final respondió a los intereses y la conveniencia del país.
La mandataria rechazó que esta medida esté vinculada con una llamada reciente que sostuvo con el presidente estadounidense Donald Trump. Explicó que se trata de un proceso que forma parte de los mecanismos permanentes de entendimiento bilateral en materia de seguridad y no de una reacción inmediata a presiones externas.
Sheinbaum insistió en que cada caso se analiza de forma individual, considerando criterios de seguridad nacional y seguridad pública. En ese sentido, afirmó que no se trata de cumplir automáticamente con peticiones extranjeras, sino de evaluar si la colaboración beneficia a México.
Finalmente, recalcó que el gobierno federal actúa bajo una lógica de coordinación y cooperación internacional, pero siempre priorizando la soberanía del país. “La decisión se toma pensando primero en México”, afirmó, al descartar versiones que señalan que estas acciones buscan agradar a otros gobiernos.
