Por Luis Lauro Ramos Rodríguez. @lauroramosr.
El pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que fueron enviadas al Congreso. Todas estas reformas están integradas en lo que popularmente se ha denominado como “Plan C”, el cual busca ser parte del legado político del presidente y se espera que se le dé continuidad en el gobierno entrante de la Dra. Claudia Sheinbaum.
La iniciativa más polémica que el “Plan C” incluye, es la propuesta para el Poder Judicial, la cual tiene como principal enfoque que los ministros, magistrados y jueces puedan ser elegidos por medio del voto popular, argumentando que esto aumentaría la legitimidad del Poder Judicial dentro del estado democrático en el que vivimos.
En este texto, he decidido reunir algunas ideas y consideraciones sobre este tema.
PROPÓSITO
Aunque la idea de que la gente tenga la capacidad de decidir sobre estos cargos puede sonar muy democrática y atractiva, vale la pena reflexionar primero sobre cuál es la función que estos cargos ocupan dentro de nuestro sistema de estado.
Actualmente, los mexicanos escogemos en las urnas a los titulares de los poderes ejecutivos y a una mayoría de los legisladores. Esto es por un motivo muy sencillo: estos cargos tienen el propósito de representar a la gente, es decir, quienes ocupan estas posiciones lo hacen porque cuentan con las ideas, visión y proyectos que la mayoría de las personas quieren para su ciudad, estado o país.
En el caso del Poder Judicial, esto es distinto, puesto que el propósito de sus cargos no es ser representantes de las ideas populares, sino ser administradores e impartidores de justicia de forma equitativa entre la población, encomienda que va mucho más allá de la filiación política que pueda o no tener algún juzgador.
Esto quiere decir que ser elegidos por voto popular no necesariamente significa que vayan a hacer mejor su trabajo, o bien, que puedan dar una plena representación a la voluntad de la gente a la hora de tomar decisiones.
RIESGOS
Por otro lado, someter la elección de estos cargos a un tema electoral conlleva una serie de riesgos que suelen presentarse en los procesos de esta naturaleza.
Uno de estos riesgos sería el abstencionismo, es decir, que la gente no vote.
Las elecciones federales, suelen ser las que mayores índices de participación registran, se encuentran alrededor del 60%, como fue el caso de junio pasado; en el 2018 cuando AMLO resultó electo, se registró una participación de cerca del 64%.
En el caso de la elección de integrantes del Poder Judicial, todo indica que la participación sería mucho menor, pues este es el poder más desconocido por la población, tanto en funcionamiento como en propósito, lo que resta de manera significativa su atractivo electoral.
En los puntos dispuestos para esta reforma judicial, se plantea que los ministros de la SCJN duren en su puesto 8, 12 o 14 años, dependiendo de cuántos votos obtengan. Por su parte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito lo harían por 9 años, con posibilidad de reelección, siendo votados por primera vez en 2025. En caso de que así suceda, las elecciones de estos puestos no coincidirían con las elecciones federales, por lo que los índices de participación presumiblemente se encontrarían por debajo de la media, restando de manera irónica legitimidad a los cargos.
Además, esta reforma haría que el principal argumento de quienes aspiren a ocupar estos cargos no sea otro más que su popularidad, y como en cada proceso electoral sucede, la popularidad, que no es sinónimo de capacidad ni preparación, cuesta dinero. Esto abriría la posibilidad a que los candidatos se vean obligados a aceptar aportaciones no necesariamente legales, pero que les permitirían aumentar su capacidad de operación proselitista, dejándolos sujetos al cumplimiento de favores y compromisos que los distraigan de su verdadera labor. Este resarcimiento de deudas llevado al terreno judicial puede ser sumamente peligroso.
POLÍTICA
Por otro lado, una de las principales críticas hacia esta reforma, que tanto miembros de la oposición como integrantes de lo que Viridiana Ríos llama “la clase jurídica” han hecho, es que esta reforma volvería el ejercicio judicial algo meramente político, y esto no es completamente cierto.
Digo esto porque desde hace mucho tiempo, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñan una actividad esencialmente política, mas no electoral, y los integrantes de esta ya llegan a sus cargos con sus filias y fobias como cualquier otro funcionario público de este país.
Esto se debe en buena medida al proceso de designación que actualmente se sigue para estos puestos, el cual, en el caso de la SCJN, es el presidente de la República quien envía al Senado los perfiles que considere aptos para el puesto, y si este no se llega a poner de acuerdo, será entonces el mismo titular del Ejecutivo quien podrá decidir a quién nombra, tal y como sucedió con la ministra Lenia Batres.
SI SE NECESITAN CAMBIOS
Es cierto que la práctica judicial de nuestro país dista mucho de ser perfecta y debe someterse a distintos cambios estructurales; sin embargo, no creo que la alternativa que hoy se está planteando sea la correcta. Una reforma así de trascendental a uno de los tres poderes no es algo que se pueda aplicar de forma tan inmediata, mucho menos si se habla de reemplazar todos los cargos de autoridad judicial de aquí al próximo año. El diálogo debe ampliarse para considerar otras aristas de mayor importancia que hoy impiden un pleno ejercicio de justicia, tales como la necesaria modernización de los procesos, la agilización de las respuestas, y medidas más eficaces para corregir otros vicios como la corrupción y el nepotismo que se presentan, incluso en más cargos de los que hoy se propone reformar.
Aún falta tiempo para que esta reforma sea votada en pleno y se pueda concretar, por lo que muy probablemente sufra ciertas modificaciones, pero para que estas sean en un sentido positivo, es preciso que se mejoren las estrategias de diálogo entre las partes interesadas y se busque primer lo que es verdaderamente necesario para nuestro sistema judicial, y no únicamente lo que a una voluntad convenga.
Hasta el próximo lunes.
