Desiree Madrid
El oficial mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, informó que la administración lleva a cabo una revisión completa del personal de la Dirección de Gobernación, luego de que el gobernador anunciara cambios en esa área.
Lara aclaró que este proceso no se limita a esa dependencia, pues “se está haciendo una revisión general en todas las dependencias”, y todo empleado que resulte vinculado con alguna conducta irregular será sujeto a investigación.
“De resultar algún empleado con una conducta irregular, desde luego será sujeto a una investigación por parte de la Contraloría”, declaró, al subrayar que por ahora la revisión sigue en curso y todavía no hay conclusiones.
El funcionario detalló que el proceso contempla tanto a personal administrativo como operativo, pues ambos forman parte de la estructura que es evaluada. De acuerdo con sus datos, la Dirección de Gobernación cuenta con entre 50 y 60 trabajadores que son revisados; el gobierno espera que algunos de los señalamientos que motivaron la intervención resulten equivocados.
“Esperemos que haya información equivocada… me refiero a que los hechos que seguramente le habrán enterado al señor gobernador pudieran no ser ciertos”, dijo, además de insistir en que será la investigación formal la que determine si hubo irregularidades.
Cuando se le preguntó cuántos empleados están bajo revisión, Lara reiteró que no se trata de un análisis parcial sino integral.
“Hay personal administrativo y personal operativo, y se va a revisar tanto a uno como a otro”, dijo, precisando el rango aproximado de trabajadores.
Aunque reconoció que existen versiones sobre presuntas conductas indebidas, aún no pueden darse por confirmadas.
“Esto va a ser resultado de la investigación, y ya se actuará de acuerdo a lo que determine la propia Contraloría”, señaló.
Sobre la posibilidad de reubicaciones, el oficial mayor rechazó adelantar cualquier decisión, pero que todo dependerá del comportamiento documentado de cada uno.
“Le digo, depende de la conducta… no sabemos de la conducta”.
Enfatizó que el gobierno no tomará decisiones anticipadas y que ninguna medida se llevará a cabo hasta no contar con los resultados completos de la revisión.
Incluso cuando se le insistió en que ya se ha hablado de una “depuración total”, Lara pidió cautela, pues un anuncio político no sustituye el proceso administrativo que debe seguirse.
“Habrá que ver (…). Si a lo mejor tenemos un inspector que ha estado cometiendo actos ilícitos, desde luego que el resultado de la investigación va a ser inclusive llegar al cese”.
No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que algunos señalamientos sean incorrectos y que el personal pueda continuar o ser reubicado.
“De no ser así… veremos la manera de, en su caso, reubicarles”.
Lara insistió en que no se busca perjudicar a nadie y que el proceso no debe interpretarse como una intención de afectar al personal sin sustento.
“No es la idea perjudicar a alguien; simplemente es que todos hagamos nuestro trabajo como debe ser, en beneficio de los ciudadanos”, afirmó.
Subrayó que las revisiones responden a una necesidad de verificar el desempeño de toda la plantilla y que cada caso se evaluará de manera individual. El gobierno actuará conforme a lo que determine la Contraloría y no habrá sanciones, ceses o reacomodos que no estén respaldados por la investigación.
