En sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente, la LXII legislatura emprendería el próximo martes el juicio político contra las exdiputadas Xitlálic Sánchez Servín (PAN) y Rebeca Terán Guevara (PRI), acusadas de la demora en la ratificación o relevo de la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa.
Este miércoles, la Diputación Permanente acordó convocar a periodo extraordinario de sesiones el próximo martes 9 de julio de 2019 para tratar asuntos diversos, entre ellos el de las exlegisladoras, luego de que las comisiones de Gobernación y Justicia reabrieron este lunes el juicio en acatamiento a la sentencia de un tribunal federal.
Como tercer punto del orden del día está programado someter a consideración de los 27 integrantes del Poder Legislativo el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia que anula la resolución aprobada en sesión privada el 21 de junio del año pasado, por la que fue desechada la demanda de juicio político.
Por ende, se “estima procedente la denuncia y en consecuencia propone la incoación del procedimiento de juicio político en contra de dos exlegisladoras integrantes de la LXI Legislatura”, completa el punto.
En caso de la aprobación de lo anterior, se daría paso, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Edson de Jesús Quintanar Sánchez, a la integración de la comisión jurisdiccional, cuyos integrantes se encargarían del desahogo del juicio político.
Esto, derivado de la sentencia aprobada el 13 del mes anterior en el Tribunal en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en resolución del Amparo en Revisión Administrativo 514/2018.
Las exlegisladoras Xitlálic Sánchez y Rebeca Terán presidieron las comisiones de Justicia y Gobernación durante la LXI Legislatura, en las que fue desechada la demanda de juicio político promovida contra ambas.
Los magistrados federales precisaron en su sentencia que el juicio político consiste en dos etapas: en la primera las comisiones sólo debieron definir si las exdiputadas eran o no sujetas de juicio político y que las conductas imputadas ameritasen sanción.
En la segunda, la Comisión Jurisdiccional desahoga el juicio y, agotado este, sometería su dictamen a la consideración y resolución definitiva en el Pleno, erigido como gran jurado.
Sin embargo, en la primera etapa, las comisiones legislativas -presididas por las excongresistas- desecharon la denuncia con los argumentos de que no fueron omisas ni negligentes, que no se afectó el debido funcionamiento del TECA, porque el secretario de acuerdos suplió la ausencia de la presidenta y, sobre todo, que fue una resolución aprobada bajo la potestad soberana del Congreso.
Abogados, representados por Homero González Reyes, promovieron juicio político contra las exlegisladoras por la omisión en la ratificación o relevo oportuno del presidente del TECA, luego de que el 27 de septiembre de 2017 feneció el periodo para el que Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa fue designada para presidirlo.
Fue hasta el 8 de marzo de 2018 cuando la legislatura anterior la ratificó al frente del órgano colegiado que resuelve controversias laborales entre Gobierno del Estado, Congreso local, Poder Judicial y los 58 ayuntamientos con sus trabajadores.
