El RADAR
Por Jesús Aguilar
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La lucha incansable de las madres y la cruda realidad de las desapariciones forzadas en México
Hace pocos días, la ONU sorprendió a la opinión pública internacional al anunciar que se abrirá un procedimiento contra México, en respuesta a lo que describen como una sistematizada y permanente desaparición forzada. Este anuncio ha avivado viejas heridas en una nación ya saturada de dolor y denuncia sin respuesta, además de poner en evidencia la brecha entre la respuesta institucional y la indignación que se vive en sectores claves de la sociedad, especialmente entre aquellas mujeres que, a pesar de la adversidad, no han dejado de buscar respuestas.
Un contexto de dolor y desencanto
El discurso de Naciones Unidas puso en relieve una realidad inquietante: la desaparición forzada, más que una cifra fría, representa la vida truncada, el silencio impuesto y el vacío irreparable en miles de hogares.
Aunque los números oficiales han sido siempre objeto de controversia y revisión, diversas organizaciones y expertos coinciden en que la magnitud del problema supera lo que las cifras en las oficinas del gobierno logran reflejar.
En los últimos años se han registrado decenas de miles de casos de desapariciones; algunas estimaciones señalan que el total de desapariciones en México podría rondar cifras superiores a las 123,000 personas, de las cuales una parte significativa corresponde a desapariciones forzadas.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, a pesar de que existen registros oficiales, la verdadera dimensión del fenómeno se esconde tras la omisión y la falta de investigaciones exhaustivas. Este ocultamiento no solo perpetúa la impunidad sino que transforma cada número en un reclamo desesperado por justicia y memoria.
Expertos en derechos humanos y académicos han puntualizado que “la ausencia del cuerpo, producto del encubrimiento o la negligencia en las investigaciones, dificulta la persecución penal. Sin cuerpo, según el adagio jurídico, no hay delito que se pueda probar”. Esta problemática jurídica—que encarna la frase “sin cuerpo no hay delito”—se ha convertido en un símbolo de inoperancia estatal y en un obstáculo casi insalvable para lograr justicia en cada caso.
La realidad en San Luis Potosí: un microcosmos del dolor nacional
En los últimos años, el estado ha sido escenario de múltiples casos que han generado alarma y una demanda de respuestas por parte de la sociedad civil.
Si bien las cifras varían según las fuentes y la metodología para su recolección, se estima que San Luis Potosí enfrenta un elevado índice de desapariciones, con cientos de casos registrados en la última década. Según Red Lupa hay cerca de 1000 personas sin rastro en territorio potosino. Trístemente nos hemos convertido en un microcosmos en el que los síntomas de un sistema fallido en materia de derechos humanos se hacen dramáticamente evidentes.
Los testimonios locales revelan que muchas de las desapariciones en San Luis Potosí tienen un perfil complejo, donde confluyen factores como la represión, la violencia relacionada con el narcotráfico y, en ocasiones, la colusión u omisión de las autoridades.
La falta de un registro sistematizado y la insuficiente coordinación entre las instituciones federales y estatales han dejado a numerosas familias en el limbo, sin respuestas y con una angustia que se agrava día tras día. Además, diversas organizaciones locales y nacionales han denunciado la falta de voluntad política para atender estos casos con la urgencia que ameritan, lo que obliga a las familias y, en particular, a las madres buscadoras, a organizarse y alzar su voz en una lucha que va más allá de lo meramente judicial.
En este sentido, las madres potosinas se han destacado por su resiliencia y valentía. Ellas, como en otros rincones del país, han convertido su dolor en un grito que exige justicia, transparencia y acción inmediata. Sus relatos, cargados de desesperación y a la vez de inquebrantable determinación, han logrado que la opinión pública y algunos sectores políticos reconozcan la magnitud del problema en San Luis Potosí. No es raro que, en reuniones comunitarias y protestas, las madres reivindiquen la necesidad de que se adopten medidas integrales y se fomente una cultura de derechos humanos que vaya más allá de meros gestos simbólicos.
Voces de lucha: el valor inquebrantable de las madres buscadoras
En un escenario donde la indiferencia institucional parece dominar, las madres buscadoras se erigen como la voz moral y espiritual de una nación que no está dispuesta a olvidar. Estos testimonios desgarradores reflejan no solo el dolor de la pérdida sino también la esperanza de que, mediante la denuncia y la acción colectiva, se logre encerrar al olvido a cada desaparecido. La reciente intervención de la Secretaría de Gobernación para incitar a los funcionarios a empatizar con las familias es, aunque modesto, un reconocimiento al clamor popular. Sin embargo, expertos y activistas coinciden en que estos gestos deben acompañarse de reformas profundas que permitan investigaciones rigurosas, la recopilación sistemática de evidencias y, en última instancia, la reparación a las víctimas.
Las madres, cuya lucha se ha extendido por décadas, son un faro de resistencia en medio de la oscuridad del sistema. Ellas exigen no solo justicia por los desaparecidos, sino también la dignidad que se ha visto truncada con cada fallo investigativo y cada omisión del Estado. En San Luis Potosí, como en el resto de México, este clamor es un llamado urgente a la transformación de un sistema que ha fallado en su deber primordial de proteger a sus ciudadanos.
Entre la exigencia de justicia y la esperanza en el cambio
El caso de México se inscribe en una larga serie de conflictos en los que el Estado parece incapaz de ofrecer respuestas claras y de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La frase “sin cuerpo no hay delito” no solo ilumina una problemática jurídica, sino que simboliza la desesperación de aquellas familias que viven con la incertidumbre y el vacío impuesto por la desaparición forzada. En particular, la situación en San Luis Potosí subraya cómo este flagelo no discrimina y se manifiesta con igual crudeza tanto en las grandes metrópolis como en regiones con una marcada identidad local.
México se encuentra en una encrucijada: continuar en un camino de silencio y omisión, o finalmente reconocer y actuar sobre las demandas de justicia de miles de familias. Solo cuando se recupere la dignidad de cada desaparecido y se garanticen medidas estructurales para evitar futuras tragedias, se podrá hablar de una verdadera transformación social. La lucha de las madres, en San Luis Potosí y en todo el país, debe ser permanentemente escuchada y respetada: ellas son, sin duda, la esperanza de un mañana en el que el Estado cumpla con su obligación de proteger y respetar la vida.
En definitiva, la obligación moral y política de México es responder a este llamado de auxilio que, entre el luto y la denuncia, refleja la voluntad de un pueblo que ya no está dispuesto a sufrir en silencio.
