La gran mayoría de los delitos en San Luis Potosí no llegan a resolverse. Durante 2024, el estado registró un nivel de impunidad del 93.18 por ciento, lo que significa que solo una mínima parte de los casos tuvo algún tipo de solución dentro del sistema de justicia.
Este panorama se refleja también en la baja cantidad de casos que logran cerrarse mediante mecanismos legales. En las fiscalías estatales, apenas el 3.61 por ciento de los asuntos concluyó por acuerdos reparatorios, mientras que en tribunales la cifra fue aún menor, con solo el 0.42 por ciento. En cuanto a la suspensión condicional del proceso, únicamente el 4.14 por ciento de los casos logró resolverse por esta vía.
Otro de los problemas principales es que muchos delitos ni siquiera se denuncian. Se estima que el 92.9 por ciento de los casos permanece en la llamada “cifra negra”, es decir, hechos que no son reportados o que no derivan en una carpeta de investigación, lo que impide que las autoridades puedan actuar.
Incluso cuando hay contacto con las autoridades, los resultados son limitados. Durante el año se registraron 109 mil 454 llamadas relacionadas con temas de seguridad a los números de emergencia 911 y 089, pero de estas solo se abrieron 58 mil 9 carpetas de investigación, lo que representa poco más de la mitad.
En cuanto a las denuncias formales, se contabilizaron 46 mil 418 casos que fueron acompañados de reportes a líneas de emergencia, lo que evidencia una brecha importante entre los delitos que ocurren y los que realmente se investigan.
Estos datos forman parte de un análisis que evalúa el funcionamiento del sistema de justicia penal en México, considerando la capacidad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar los delitos, y dejan ver los retos que enfrenta San Luis Potosí en materia de procuración de justicia.
