Según el informe EPACOL 2025 del INEGI, un sistema que sistematizan, organizan y muestran información de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, San Luis Potosí se ubica entre los estados con menor tasa de adolescentes ingresados a centros de internamiento, con apenas 5.8 por cada 100 mil jóvenes de 14 a 17 años, muy por debajo del promedio nacional de 16.6. En términos absolutos, el estado reportó 610 adolescentes imputados durante 2023, equivalente al 1.9 % del total nacional.
En materia de infraestructura, la ocupación de centros de internamiento en San Luis Potosí fue apenas del 5.0 %, una de las más bajas del país. Este dato puede sugerir una política menos punitiva o una infraestructura subutilizada. Sin embargo, también podrían evidenciar falta de detección o seguimiento oportuno en el sistema penal juvenil.
Por otra parte, el estado concentra 85 trabajadores en centros de internamiento, lo que representa apenas el 3.1 % del personal nacional, lejos de entidades como Guanajuato (180) o Baja California (170).
A nivel nacional, el documento advierte vulneraciones a derechos procesales: solo la mitad de los adolescentes tuvo asesoría legal durante la estancia en el Ministerio Público y menos del 60 % contó con acompañamiento familiar durante la detención. Aunque estos indicadores no se desagregan por estado, San Luis Potosí no está exento de estos rezagos.
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En el contexto de salud mental y violencia, la tasa nacional de homicidios adolescentes fue de 7.5 por cada 100 mil y la de suicidio de 5.1. El informe no ofrece datos estatales en estos rubros, pero sí advierte que más del 16 % de los adolescentes en el sistema penal han tenido ideación suicida.
El panorama potosino dentro del SIJPA sugiere una gestión menos coercitiva que en otros estados, pero con claros retos en términos de garantía de derechos, atención psicosocial e institucionalidad especializada.