Angélica Campillo
De 162 solicitudes de juicios políticos recibidas en un transcurso de 11 años, el Congreso del Estado ha resuelto únicamente tres de ellos como condenatorios, ha catalogado 82 como improcedentes y tiene 73 pendientes por resolver.
De acuerdo con la solicitud de información con folio 240471422000028, enviada al Congreso del Estado, durante la LIX Legislatura, entre los año 2011 al 2012, fueron solicitados 24 juicios políticos, de los cuales 11 se determinaron como improcedentes o archivados, 13 quedaron pendientes, y ninguno fue aprobado.
Durante la LX Legislatura, del 2012 al 2015, el Congreso del Estado recibió 38 solicitudes de juicios políticos, de los cuales 18 fueron improcedentes o archivados, y quedaron pendientes 18. Mientras que dos de ellos se aprobaron: uno fue condenatorio y en el segundo se determinó como “no ha lugar”.
En la LXI Legislatura, del 2015 al 2018, hubo 51 solicitudes de juicio político, de los cuales el Poder Legislativo determinó como improcedentes, sin materia o archivados, 25; quedaron pendientes 24, y fueron aprobados dos: en uno resolvió como “no ha lugar”, mientras que el segundo quedó pendiente de jurisdiccional.
Durante la LXII Legislatura, del 2018 al 2021, el Congreso del Estado recibió 48 solicitudes de juicio político, de los cuales 28 fueron improcedentes o archivados, quedaron pendientes 17, y hubo tres aprobados: dos fueron condenatorios y uno “no ha lugar”.
Cabe destacar que, uno de los juicios políticos condenatorios resuelto por la pasada legislatura el 8 de septiembre de 2021, corresponde a la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo de seis años al exalcalde de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez, y a ocho integrantes de su Cabildo, por la violación al derecho humano a la consulta indígena, con relación al Plan Municipal de Desarrollo.
El segundo caso fue la aprobación del Congreso del Estado el pasado 18 de diciembre de la inhabilitación por un periodo de 18 años para ocupar algún cargo público del exalcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios, y a nueve integrantes de su cabildo por distintos años. Aunque este juicio político se aprobó durante la actual legislatura, la solicitud fue realizada desde el pasado trienio legislativo.
Esto se derivó de presuntamente haber iniciado la construcción del puente vehicular localizado en un tramo del bulevar Antonio Rocha Cordero, en el ejido Rancho Nuevo – La Libertad, y no respetar un amparo concedido por un juzgado de Distrito, sin embargo, el caso aún se discute en tribunales y los actores inhabilitados promovieron juicios de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, por la decisión del Congreso del Estado.
En lo que corresponde a la actual Legislatura, se especificó que ya recibió una solicitud de juicio político, misma que está pendiente de análisis.
