Tlapa, Guerrero, 23 de julio (ElSur).– Celia tiene 14 años, abandonó su casa de madera y teja en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande ante el hostigamiento y el miedo a ser encarcelada para devolver el dinero que su tío paterno y su abuelo materno pidieron al someterla a un matrimonio forzado o “venta”.
Ahora no puede decir dónde vive ni andar con libertad, se esconde desterrada con su mamá Cecilia, sus hermanas, sus sobrinas e hijo para que las amenazas no las alcancen, de acuerdo con la información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que documentó el caso.
Su adolescencia fue robada a los 13 años cuando la forzaron a casarse con Raúl en julio de 2021; si su matrimonio forzado se hubiera mantenido cumpliría un año este 2022, pero no aguantó a servir al marido y suegros quienes además la explotaron laboralmente al llevarla a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco.
Ahí en la galera, hacinada con la familia de su esposo, se levantaba de madrugada para moler el nixtamal y hacer las tortillas que se llevarían para el campo, al corte de jitomate, del cual no recibió ningún dinero porque el pago lo cobraba su suegro para reponer los 160 mil pesos que había pagado a su tío que se quedó con 110 mil y su abuelo, con 50 mil.
Ni ella ni su mamá vieron un peso, doña Cecilia no pudo evitar que vendieran a su hija porque los hombres decidieron y los principales de la comunidad formalizaron el enlace matrimonial. Celebraron la boda con alcohol, comida y baile.
Durante meses, salió al campo a las 7:00 de la mañana y su marido se dedicó a tomar y los golpes eran continuos durante los ocho meses que permanecieron, pese a que estaba embarazada.
Al concluir el trabajo regresaron a Cochoapa El Grande, a la Montaña, donde se sintió cobijada por su madre Cecilia y sus dos hermanas mayores, a quienes les contó la violencia y explotación que vivió en los campos por su esposo y sus suegros.
Al ser menor de edad, su embarazo fue de alto riesgo, y aún con las carencias de equipo y medicamentos en el Centro de Salud de Cochoapa parió a su hijo varón, en medio de acusaciones de su suegra que le decía que no es su nieto.
La violencia y acusaciones y que su hijo no fuera víctima la orillaron a huir de la casa de los suegros y refugiarse con su mamá, donde se sentía segura y se recuperaba del parto.
La tranquilidad le duró poco porque un grupo de policías comunitarios de la cabecera allanó el domicilio para sacarla, y se la llevó detenida a la comandancia junto con su hermana mayor.
La acusan del delito de abandonar a su esposo y la deuda que tiene su familia por el pago que recibió por su “matrimonio”.
Su mamá pidió el apoyo de la síndica municipal y de la juez de paz, que la escucharon, pero no intervinieron por el temor al actuar de la Policía Comunitaria, que no reconocen ni la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ni los grupos de autodefensa, pero actúan bajo sus “leyes”.
El no tener el respaldo de las autoridades obligó a Cecilia a buscar apoyo fuera de la comunidad y con miedo y dinero prestado viajó a Tlapa donde pidió el apoyo de Tlachinollan.
De esa manera, se conoció el caso y se interpuso una denuncia por la privación de la libertad de sus dos hijas que fueron puestas en libertad cuando la Policía Comunitaria, sin argumentos ni alternativas entregó a la Fiscalía Regional a las mujeres.
Antes de que eso pasara, en la comunidad, como parte de las “diligencias” su tío paterno fue llamado a comparecer para que devolviera los 110 mil pesos que recibió por la venta de Celia, ya que era uno de los supuestos delitos, lo cual lo molestó por lo que amenazó a la hermana y el hermano de Cecilia para que ellos pagaran la deuda, de lo contrario los expulsarían de la comunidad.
La Policía Comunitaria les intentó fabricar delitos acusando a las hijas de Cecilia de que se habían robado una pistola de la comandancia, lo cual no fue probado.
Por eso huyeron de la comunidad para evitar que los policías comunitarios, el tío paterno, los suegros y el marido le hagan pagar por su huida.
Para Tlachinollan es lamentable que en las comunidades pobres principalmente de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc esté arraigada la costumbre de los matrimonios forzados de niñas; donde los padres han normalizado la venta de sus hijas fijando cantidades que oscilan de 100 mil a 250 mil pesos.
Ahí, son los hombres mayores los que formalizan alianzas matrimoniales, ignorando la opinión de las esposas y de las mismas niñas y las autoridades comunitarias son las que testifican y legitiman las uniones de las menores y las policías comunitarias se vuelven el brazo ejecutor de la arbitrariedad.
Sin Embargo
