La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que suman 12 las personas desaparecidas en el bar Heaven After de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.
La cifra aumentó luego que la madre de Gabriela Ruiz Martínez, de 25 años de edad, acudiera a reportarla como desaparecida.
Mercedes Martínez, madre de la desaparecida, refirió que desde el pasado domingo no ha podido contactar a su hija y que fue ayer cuando se enteró que Gabriela había acudido al Heaven.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se tardó tres días en arrancar la investigación por la desaparición de los jóvenes.
Esto, a pesar de que sus familiares denunciaron desde el mismo domingo 26 de mayo que había ocurrido el incidente y que sus vidas podían correr peligro porque habían sido “privados de la libertad por hombres armados”, según la información que ellos habían recopilado. Pese a esa información, apenas el miércoles las autoridades interrogaron a los familiares.
El argumento oficial es que deben pasar 72 horas para que arranque una investigación, plazo que no está establecido en el Manual de Normas y Procedimientos del Cemtro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA). Tampoco se dio parte al ministerio público ni se inició una averiguación previa.
Anoche, 108 horas después de que los jovenes desaparecieron, las autoridades catearon el bar Heaven.
Ahora, apenas arrancada la investigación, la PGJDF informó que una de las principales líneas es las “rencillas entre grupos vinculados al narcotráfico en la zona de Tepito”, porque uno de los desaparecidos es Jerzy Ortiz, hijo de Jorge Ortiz Reyes, alias “El Tanque”, quien se encuentra preso y purga una condena de 23 años por ser el líder del llamado Cartel de Tepito.
En protesta por esta información, ayer cerca de la medianoche se reunieron familiares de los desaparecidos para denunciar que se pretende usar tales antecedentes familiares para justificar la ausencia de resultados en la investigación.
Largas 72 horas
Según testimonios y documentos que mostraron los familiares a Animal Político, las denuncias por la desaparición de estos 11 jóvenes -cifra que puede aumentar a 13- empezaron a presentarse el mismo domingo 26 de mayo, horas después del hecho, al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).
El caso de Rafael Rojas, por ejemplo, tiene registrada la denuncia ese domingo y fue reportada con el número AYO/1669/2013.
Otros presentaron sus denuncias el lunes e incluso el martes, pero en todos los casos les respondieron que “posiblemente los jóvenes están de fiesta o con sus parejas”.
El argumento oficial es que los protocolos de investigación establecen que deben pasar 72 horas de la desaparición.
Sin embargo, este “protocolo” no se alteró a pesar de que las autoridades recibieron 11 denuncias por desaparición, todas ocurridas el mismo día y en el mismo lugar y con testimonios parecidos: que testigos les habían informado que “se los habían llevado en tres camionetas del establecimiento”.
“No, no la querían hacer (la denuncia), el lunes en la mañana empezamos a buscar y la denuncia se hizo el martes, en CAPEA. Ahí nos levantaron lo que es el volante nada más, todo lo que hicieron fue tomar datos”, indicó Isabel, hermana de Eulogio Fonseca Arreola.
Tomaron los datos, pero no iniciaron averiguación previa.
El periodo de 72 horas que les argumentaron para iniciar una denuncia por ausencia no está estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de CAPEA, que el portal de transparencia de la PGJDF indica como vigente, el cual fue expedido por el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, en enero de 2011, cuando era Procurador.
La regulación, por el contrario, establece que un agente del Ministerio Público debe recibir la denuncia, iniciar una averiguación previa y ordenar a policías indagar. Incluso señala que si el denunciante lo requiere debe de ser canalizado al área de atención psicológica.
Además, el Manual especifica que si el agente del Ministerio Público detecta indicios de un delito inmediatamente debe reportarlo al área de la PGJDF correspondiente, como las fiscalías de Homicidios o Antisecuestros. Tiene la capacidad de considerar un caso relevante si presume que la vida o integridad del desaparecido está en peligro e incluso pedir la aplicación de un Plan Emergente de Reacción Inmediata.
Sin embargo nada de esto no ocurrió durante los primeros tres días de los hechos.
Personal de la PGJDF consultado por Animal Político sostuvo que el Ministerio Público de CAPEA no giró órdenes de investigación a sus policías para realizar pesquisas, a pesar de que se acumulaban las denuncias por parte de familiares.
Hasta la noche del miércoles, más de 72 horas después de ocurridos los hechos y luego de que 200 habitantes de Tepito bloquearon vialidades del barrio para llamar la atención de los medios de comunicación, la PGJDF concentró los reportes en la Fiscalía Antisecuestros, la cual comenzó a tomar durante esa noche y madrugada de jueves las declaraciones a familiares.
La situación la ejemplifica el caso de los familiares de Jerzy Ortiz Ponce, un adolescente de 16 años, quienes relataron que el reporte de la desaparición lo realizaron el lunes en el CAPEA, donde emitieron la ficha de búsqueda. Les informaron que debían acudir a la Fiscalía de Delitos contra el Menor, trámite que intentaron realizar el martes, pero ahí les negaron la atención señalándoles que el procedimiento correspondía exclusivamente a CAPEA.
El miércoles incluso acudieron con la ficha de búsqueda al Servicio Médico Forense, donde se negaron a mostrarles los expedientes de cadáveres en calidad de desconocidos, con el argumento de que antes se requería la apertura de una averiguación previa, por lo que se dirigieron a la Fiscalía Antisecuestros, donde se inició formalmente la indagatoria. Las diligencias oficiales se iniciaron hasta el jueves.
“Unos empezaron a ir el domingo, pero les dijeron que podían ser ausencias voluntarias, que podían estar de novios o en la fiesta. Hasta que se acumularon los casos y las familias empezaron a ponerse pesadas se empezó a trabajar”, aseguró una fuente de la PGJDF consultada.
La noche de este jueves, cuatro días después de las privaciones de la libertad, peritos de la PGJDF recabaron indicios en el establecimiento por espacio de 2 horas.
“Entre mas tiempo pase menos se va a poder localizar a estas personas”, lamentó Isabel.
Denuncian “criminalización”
A las 22:30 horas, familiares de los jóvenes desaparecidos en el Heaven, acompañados por alrededor de 30 vecinos, se congregaron en el parque Santa Anna, en Tepito, donde denunciaron que las autoridades pretenden “criminalizar” a las víctimas, al destacar su vínculo sanguíneo con delincuentes procesados.
Leticia Ponce, madre del adolescente Jersey Ortiz Ponce, señaló que “están criminalizando a mi hijo, y el qué el que Jorge Ortiz Reyes, alias El Tanque (ex cabecilla del grupo denominado Cártel de Tepito), sea el padre de Jersey no quiere decir nada. Jorge está pagando lo que hizo en el pasado. Mi hijo es otra cosa. Yo estoy peleando por los derechos de mi hijo.”
A esta concentración, que fue custodiada por una veintena de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, acudieron familiares de Gabriela Ruiz Martínez, joven de 25 años quien también fue raptada del bar Heaven, y que se suma a la lista de once víctimas.
Esta joven, señalaron sus familiares, “no es de Tepito, es de atrás del Word Trade Center. Gabriela fue a bailar al Heaven con otras amigas, que se fueron antes que ella, y sólo hoy (jueves) estas amigas nos informaron que no aparecía, y que la habían dejado en ese lugar”.
Luego de dos horas, durante las cuales los familiares y vecinos de Tepito corearon en distintas ocasiones la consigna “los queremos vivos”, se informó que este viernes, a las 10:00 horas, la Comisión de Derechos Humanos del DF acudirá al deportivo Morelos, para entrevistar a las familias de los jóvenes raptados, además de que, a las 16:00 horas, los denunciantes acudirán a la PGR para solicitar su intervención, debido a que “la Procuraduría del DF no tiene nada, y vamos a ver en la federal qué hay, porque once personas no se pueden perder así nomás porque sí”, señaló la señora Leticia Ponce.
Bar Heaven After, con fama ganada de antro
Ubicado a 200 metros de distancia de la glorieta del Ángel de la Independencia, escondido entre torres de oficinas de lujo, el bar Heaven After era popular entre vecinos y comerciantes de Tepito porque permitía que la noche de fiesta se prolongara hasta que el día estuviera entrado. Jóvenes del barrio relatan que llegaban a abandonar el lugar a las 14:00 ó 15:00 horas después de divertirse al ritmo de música electrónica.
El costo de entrada para los hombres era de 200 pesos y el consumo de una botella de whisky Etiqueta Roja rondaba los 2 mil pesos. La mayoría de los que asistían, hacia las 4:00 ó 5:00 de la madrugada, se conocían por lo menos de vista, pues el establecimiento tenía aproximademente un año que se había puesto de moda entre los habitantes del barrio y de las colonias Guerrero, Centro, Doctores, Obrera e incluso Aragón. En su segundo y tercer piso bailaban y, a veces, algunos peleaban por los roces, accidentales o no, que recibían mujeres. Entonces salía a relucir que el bar permitía el ingreso de armas de fuego.
Para los empleados de Lancaster vecinos al bar no es sorprendente que haya conflictos. Un trabajador comentó que hace 6 meses un matrimonio recorrió la calle preguntando por su hijo. Como ahora lo hacen los familiares de los jóvenes, quienes insisten que el número de desaparecidos es de al menos 24 personas, los padres de aquella víctima repartieron hojas con sus datos y fotografía.
Lo que sorprende a los vecinos es que policías no observaran la privación multitudinaria de personas en el exterior del bar, el cual está a 80 metros de distancia de Paseo de la Reforma, por donde los domingos cientos de ciclistas se pasean resguardados por elementos de la SSPDF.
La desaparición de al menos 11 jóvenes caló entre habitantes del barrio bravo de Tepito, en donde, según vecinos, las extorsiones a comerciantes han sido una constante en los últimos meses a manos de un grupo denominado La Unión, señalado también como encargado de distribuir drogas en bares de la Zona Rosa y Condesa. El cobro de piso alcanza incluso a vendedores de artículos pirata de bajo costo, a quienes se les han exigido sumas por parte de la agrupación criminal bajo el argumento de protegerlos de delincuentes.
Un vecino apunta que, por ejemplo, la familia de Rafael Rojas Marines, una de las víctimas, no ha atendido sus puestos de venta de anteojos en la explanada de calle San Francisco, y parientes de otros jóvenes han optado por ausentarse de sus viviendas. Durante las protestas que han realizado en las calles para exigir a la PGJDF hallar a los jóvenes, la mayoría de los manifestantes se cubren el rostro con sus pancartas o ropas por temor a ser vistos en fotografías o videos, aunque evitan explicar de quienes se esconden.
http://www.animalpolitico.com/2013/05/la-procuraduria-tardo-tres-dias-en-investigar-la-desaparicion-de-los-jovenes/#axzz2UUoN8rTo
