La SCJN analizará las leyes en Querétaro, Guanajuato y Oaxaca que conceden derechos a las personas desde su “fecundación” o su “concepción”.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este lunes la constitucionalidad de las leyes que en Querétaro, Guanajuato y Oaxaca conceden derechos a las personas desde su “fecundación” o su “concepción”, y que, en interpretación de distintos municipios de estas entidades, impiden cumplir a cabalidad las disposiciones nacionales en materia de salud para las mujeres.
Según la lista de “asuntos” que atenderá este lunes el pleno de la Corte, en sesión pública que podrá ser vista a través de internet, la discusión iniciará, a las 11:00 horas, con la controversia constitucional promovida por el municipio Arroyo Seco en contra del gobierno y el Congreso de Querétaro, los cuales impulsaron en 2009 una reforma que garantiza “el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de su concepción”.
Sin embargo, el municipio Arroyo Seco consideró que con esta modificación a la constitución estatal, el gobierno y el Congreso de Querétaro entraron en conflicto con las leyes nacionales que permiten interrumpir el embarazo en caso de violación sexual y, por lo tanto, impiden otorgar una cobertura de salud completa a las mujeres queretanas.
Un argumento similar es el que sustenta el segundo punto del orden del día de la sesión de ministros, que es la controversia promovida por el municipio de Asunción Ixtaltepec en contra de la reforma aprobada en septiembre de 2009 por el Congreso de Oaxaca, con la cual se sentó que en esta entidad “todo ser humano, desde el momento de su fecundación, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”.
No obstante, el municipio de Asunción Ixtlaltepec consideró que esta reforma vulneró su ámbito de competencia, ya que se le impide instrumentar una política pública de salud en favor de las mujeres víctimas de violencia, que incluya la aplicación y otorgamiento de métodos anticonceptivos, tales como la píldora de emergencia.
Y en la misma línea se pronunció el municipio de Uriangato, que presentó la tercera controversia constitucional que analizará hoy la Suprema Corte, esta vez contra la reforma al artículo 1 de la constitución de Guanajuato, con la cual se estableció en 2009 que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”, definición que, como en los casos anteriores, las autoridades de este municipio consideraron como un obstáculo para cumplir su obligación de “protección de las mujeres en contra de la violencia de género”.
El castigo por abortar
Las reformas para proteger la vida desde la concepción vigentes en Querétaro, Oaxaca, y Guanajuato forman parte de un conjunto de acciones legislativas emprendidas por 17 estados de la República para prohibir el aborto, en los años posteriores a 2007, luego de que en la Ciudad de México fuera despenalizada la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose así en la única entidad federativa donde este procedimiento quirúrgico puede realizarse legalmente, y no de forma clandestina, como ocurre en el resto del país.
Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida, los abortos realizados en situaciones de inseguridad y clandestinidad causaron 11% de la muertes de mujeres mexicanas en 2010.
Además, esta organización especializada en derechos reproductivos contabilizó entre 2007 y 2012, un total de 171 mujeres consignadas ante el Ministerio Público por el delito de abortar, de las cuales 127 recibieron una sentencia condenatoria.
Los estados en donde se ha castigado a más mujeres por interrumpir su embarazo de forma voluntaria son: Jalisco (con 25 sentenciadas); Guanajuato (21 sentenciadas); Hidalgo (15 sentenciadas); Puebla (13 sentenciadas) Chiapas (12 sentenciadas) y Tamaulipas (10 sentenciadas).
Destaca, además, el caso de Michoacán, donde 25 mujeres se encuentran sometidas a proceso penal, aunque sólo ocho han sido sentenciadas.
En la actualidad, 41 mexicanas permanecen en distintas prisiones del país por interrumpir su embarazo.
El promedio de edad de estas sentenciadas es de 22 años.
http://www.animalpolitico.com/2013/04/suprema-corte-analiza-hoy-constitucionalidad-de-3-leyes-estatales-antiaborto/#ixzz2RrG754wi
