Concepción Tovar Monreal ha pasado largas horas desde el sábado pasado a disposición del Ministerio Público. Fuera de las cifras de muertos y heridos, a su jefe, Joel Melgar, poco le ha tocado explicar ante medios sobre el peor motín de que se tenga memoria en la cárcel de La Pila. Además de graves, los hechos tomaron a la directora de Prevención y Reinserción Social en una posición endeble: se supone que rinde cuentas al secretario de Seguridad, pero su dependencia aparece todavía en el organigrama de la web de la General de Gobierno.
-Hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en octubre del año pasado que enlista una serie de asesinatos en el interior del penal o muertes violentas de reos; hay unos asfixiados por inmersión, otros por sofocación, hay otros muertos a golpes y hay una observación de que no se estaba cuidando el orden dentro de la penitenciaría, que había que corregir cosas. ¿Qué se hizo después de que se recibió esta recomendación?
-La recomendación habla de que se publicara una convocatoria para un curso básico de capacitación de personal de custodia. Se publicó esa convocatoria. Resultaron 575 elementos, pero de acuerdo con los perfiles del sistema penitenciario, y mucho que ver los exámenes de control y confianza, pues prácticamente quedamos en total de 65 elementos de seguridad penitenciaria que fueron a curso de formación. De esos, 39 ya fueron contratados y 23 están en proceso de contratación. Al día de hoy hay en el penal de La Pila 1,734 personas privadas de su libertad. Estamos atacando de fondo el déficit de personal de seguridad y custodia.
Además del personal de custodia, policías estatales apoyan en la seguridad periférica de la penitenciaría, ubicados en las torres y en la Aduana. Eso ayuda al estado de fuerza exterior.
Sobre las quejas de los custodios por la escasez de personal la madrugada del enfrentamiento, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jorge Medina Sarabia, explica con un dibujo la disposición de las “esclusas”, los lugares desde donde los celadores vigilan los bloques de dormitorios. Hay seis dormitorios y los custodios se concentran en las esclusas, puntos de vigilancia y resguardo ubicados de tal forma que pueden mantener a la vista lo que ocurre en los pasillos.
Los celadores no están en los dormitorios, aclara, y en caso de disturbios pueden resguardarse en espera de las fuerzas de reacción. Cámaras en tiempo real y radios Matra con botones de pánico en sistema GPS facilitan una rápida respuesta.
Los reos rompieron candados -admite la funcionaria-, porque resultaron no ser los adecuados para el uso que se les da en el centro penitenciario. Se compraron candados nuevos –informa-, con especificaciones de calidad acordes al uso que se les dará.
El día de los hechos, tan rápido como se extendió el disturbio, los celadores se replegaron hasta la Aduana y se colocaron en posición de reacción disuasiva con “pepinos” de gas y balas de goma, para evitar una fuga masiva en lo que llegaban fuerzas policiales y militares. El repliegue en el perímetro es una medida para contener una fuga masiva por los túneles que comunican a la Dirección y a accesos de abogados y personal. Sí se temía un escape masivo como ya ha ocurrido en otros penales, acepta.
El sistema de videovigilancia llevó también las imágenes en tiempo real al C-4. Al llamado acudieron policías estatales y federales, así como elementos del Ejército y de la Marina que llegaron hasta el último perímetro de seguridad denominado “la zona del hombre muerto”, un área prohibida para los internos y donde el personal de seguridad tiene autorización de disparar a matar sin perjuicio de cometer delito a los reos que llegan a ella.
“NUNCA HUBO DENUNCIAS”
Hay versiones de un enfrentamiento de hostigadores que pertenecen a un grupo delictivo contra reos hostigados que fueron azuzados o pertenecen a un grupo delictivo opuesto –se le plantea-. Una disputa por el control de la penitenciaría entre cárteles…
-No, no es un pleito entre cárteles -ataja-. No hay un grupo delictivo con el control del penal; el control del penal lo tiene el Estado.
Se le recuerda que el día de los hechos, ella misma admitió que el origen del enfrentamiento estaba en el cansancio de los internos hostigados contra sus hostigadores ligados a un grupo delictivo que los extorsionaban, robaban y maltrataban.
-De los casos de hostigamiento, yo lo sé por Derechos Humanos, nunca por una queja directa o que me lo dijeran a mí-, sostiene.
Ni siquiera en los recorridos por el penal –dice- los internos que la abordan para solicitarle algo le denunciaron extorsión o abuso de otros reos. No con ella, sí con los visitadores de Derechos Humanos. La CEDH le presentaba las quejas de los reos de todos los penales del sistema estatal y ella a su vez enviaba oficios a los directores de las cárceles para que dieran vista al agente del Ministerio Público. Cuando el MP se presentaba con el quejoso, éste no denunciaba nunca, asegura.
Se establecieron audiencias los miércoles, públicas o privadas, con la participación de psicólogos, jurídicos, mandos y otros funcionarios, un equipo multidisciplinario y hasta un representante de la Fundación Renace. Tratan en esas reuniones toda clase de asuntos e inconformidades pero tampoco ahí se dieron las denuncias por hostigamiento. -No quieren declarar y es difícil actuar si no hay denuncia-, explica.
Aun así, se recomienda observar la situación de la persona y la posibilidad de traslado a otra penitenciaría, un proceso complejo porque hay que revisar la situación del reo, su perfil, la posibilidad de su familia para seguirlo viendo. Hay quienes piden su traslado voluntario.
-No creo que se esté desatendiendo a la población penitenciaria; si hubo hostigamiento, nunca se lo dijeron al sistema, ni se habló en el equipo multidisciplinario-, se defiende.
ATAQUES MASIVOS
En la recomendación de la CEDH se asientan las causas de las muertes de quince reos en quince meses. El reporte de cada víctima incluye una descripción del estado del cadáver y las causas de la muerte. Refiere golpizas, casos de asfixia por sofocación y de asfixia por inmersión.
Celadores mencionan un tambo lleno de agua –se le pregunta-, donde metían de cabeza a los reos; si así fue como mataron a un interno, ¿cómo es que algo así no pueden verlo desde las torres, o desde los puntos de vigilancia?
Jorge Medina Sarabia asegura que no hay en todo el penal tambos de gran capacidad. Si acaso bidones para el agua de la comida. Un asesinato por inmersión pudo haber ocurrido en un retrete, en un punto menos visible del penal. En cuanto a los casos de golpizas, señala que ha sido difícil detectarlos cuando ocurren e identificar a los agresores porque se trata de movilizaciones de decenas o centenas de internos en un punto que hacen difícil ubicar un foco criminal preciso, a quién están atacando. -La cámara ve la trifulca, no ve 500 contra otro-.
Las investigaciones sobre los quince asesinatos antes de la riña del 27 de abril están por completo en manos de la Procuraduría. Tovar Monreal dice desconocer incluso cuántos casos ya fueron resueltos y en cuántos los responsables ya están bajo proceso. Se entera cuando un interno tiene una consignación o cuando los custodios deben actuar como coadyuvantes en las averiguaciones.
Rechaza que no se hayan tomado medidas concretas para evitar asesinatos y agresiones. Los traslados a penales federales fueron una medida eficaz –considera- porque bajó el nivel de riesgo; pero además se aplican traslados a otras cárceles del sistema penitenciario estatal, en función de las ligas del reo con grupos de delincuencia organizada o de situaciones de vulnerabilidad. Los mandan a Matehuala, Valles y Rioverde. A Tamazunchale y Tancanhuitz no hacen traslados de reos vinculados con crimen organizado “porque contaminan a los indígenas”, es más, ante la llegada de perfiles de la delincuencia organizada, presos indígenas en La Pila fueron trasladados a Tancanhuitz o Tamazunchale.
Están a la espera de trasladar a lesionados de la riña a otros penales. No cree que varios de ellos puedan continuar en La Pila sin riesgo para sus vidas. Ante la imposibilidad de atenderlos en sus celdas, por seguridad, se habilitaron los túneles a costo y marchas forzadas.
Niega que haya autogobierno en La Pila y que los celadores tengan razones para suponer que les fabricaran delitos relativos a la riña. “Se apanican”, dice.
De la recomendación de la CEDH por los 15 asesinatos, emitida en octubre de 2012, muestra un oficio de la tercera visitadora Begoña Castillo Martínez en el que notifica la conclusión de ese expediente, en noviembre de 2012. La convocatoria a nuevos custodios, el diagnóstico de equipos de vigilancia y otras medidas, fueron suficiente razón para desaparecer la alerta.
-La responsabilidad de lo ocurrido llega hasta Usted?
-¿Cómo?
-Sí, no hay nadie más arriba de Usted que sea responsable-.
-Yo asumo mi responsabilidad-, afirma.
http://pulsoslp.com.mx/2013/05/04/temiamos-una-fuga-masiva-tovar/
