La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentó su tercer informe, en el que denuncia que la liberación de 65 presuntos responsables ha dificultado la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
El documento señala que una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado en Tamaulipas anuló testimonios clave, al argumentar que fueron obtenidos bajo tortura. Esta decisión permitió que los 65 implicados quedaran libres, lo que, según la Comisión, obstaculiza el acceso a la justicia y asegura impunidad en uno de los crímenes más graves de México.
Este fallo ha sido visto como una extralimitación del tribunal, ya que incluyó temas como desaparición forzada y ejecución extrajudicial que no formaban parte del proceso inicial. Además, se menciona que aunque algunos de los implicados fueron víctimas de tortura, no todos lo fueron, y sin embargo, sus declaraciones fueron invalidadas. La Secretaría de Gobernación ha afirmado que, al ser esta una sentencia definitiva, los liberados no podrán ser juzgados de nuevo con las mismas pruebas, aunque existan indicios de su participación.
El paradero de los normalistas sigue siendo un misterio desde 2014, cuando Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, presentó la llamada “verdad histórica”, que señalaba el basurero de Cocula como el lugar donde habrían sido incinerados los cuerpos. Sin embargo, esta teoría fue posteriormente descartada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Otro obstáculo en la búsqueda de justicia ha sido la falta de extradición de tres personajes clave: Tomás Cerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal; Abraham Eslava Arvizu, exfuncionario de seguridad, ambos acusados de torturar testigos; y el juez de barandilla José Ulises Bernabé, a quien Estados Unidos le concedió asilo político y podría tener información sobre el destino de los estudiantes.
En el informe también se menciona la detención de 23 nuevos posibles responsables en el último año, entre ellos exagentes de la policía de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos del Ejército. Hasta la fecha, 151 personas están siendo juzgadas por su implicación en la desaparición de los normalistas, la mayoría de ellos exmiembros de fuerzas de seguridad.
En otro apartado, se menciona que Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, ha condicionado su colaboración para proporcionar información adicional sobre el caso a cambio de amnistía y la suspensión de la extradición de un líder criminal. “El Gil” fue clave en los primeros hallazgos sobre los estudiantes y ha estado protegido por el gobierno durante cinco años, pero ahora demanda mayores beneficios a cambio de su cooperación.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43 desaparecidos, reconociendo que, tras seis años de investigaciones, los avances han sido insuficientes. Durante su conferencia mañanera, el presidente reiteró que no hay pruebas que vinculen al Ejército con los hechos y afirmó que seguirán buscando a los jóvenes, asegurando que este asunto no debe cerrarse nunca y que espera que, si no logran esclarecerlo, lo haga la próxima administración.
