Los relatos de sobrevivientes que estuvieron cautivos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fueron determinantes para que un juez vinculara a proceso al ahora exalcalde del municipio, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al funcionario el pasado 3 de mayo, acusándolo de formar parte de una red criminal dedicada al reclutamiento forzado de personas. Según la investigación, en el rancho Izaguirre se retenía a jóvenes que eran entrenados como sicarios mediante prácticas violentas, incluso con armas de gotcha, y eran obligados a participar en actos crueles como desmembramientos.
Durante las audiencias del 3 y 9 de mayo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, se presentaron más de 100 pruebas. Destacaron los testimonios de testigos protegidos identificados como “Azul”, “Verde”, “Rojo” y “Australia”, tres de ellos sobrevivientes. Afirmaron haber visto directamente a Murguía brindando apoyo logístico y seguridad al grupo delictivo, además de formar parte de su nómina.
La investigación comenzó cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió un aviso anónimo sobre posibles fosas clandestinas en un rancho del ejido La Estanzuela, a unos 58 kilómetros de Guadalajara. Al llegar, encontraron restos óseos calcinados, ropa, maletas, cartuchos percutidos y objetos personales, todo en un lugar que funcionaba como centro de encierro y adiestramiento criminal.
A raíz de estos hallazgos, también fue detenido José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, presunto operador del CJNG y ex policía de Tala. Él habría estado bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como “El Sapo” o “El 90”, quien lideraría una red de reclutamiento forzado en la región.
El juez consideró que los testimonios eran suficientes para procesar a Murguía, quien fue separado del cargo el 10 de mayo. Ese mismo día, el cabildo designó a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros como alcalde interino.
La defensa de Murguía argumentó que los testimonios carecían de validez al no haberse obtenido mediante procesos judiciales adecuados, y presentó declaraciones de colaboradores que aseguraban que el exalcalde no tenía vínculos con la delincuencia. Sin embargo, la jueza dio mayor peso a las pruebas presentadas por la FGR, las cuales permitieron reconstruir la operación del rancho y la red de desapariciones.
Esta investigación recuerda al caso de Tala en 2017, y vuelve a poner sobre la mesa el problema del reclutamiento forzado en Jalisco, donde jóvenes siguen siendo engañados con ofertas de trabajo que terminan en tragedia.
