A pesar de las graves acusaciones contra los grupos paramilitares estadunidenses, que patrullan la frontera con México bajo el propósito declarado de “protegerla” de migrantes sin documentos y de lo que llaman vagamente como “el cártel”, los republicanos que dominan la Casa de Representantes de Texas presentaron una iniciativa de ley para crear un nuevo cuerpo policial, denominado Unidad de Protección de la Frontera,que le dará al gobernador la facultad de incorporar a civiles miembros de esas organizaciones y dotarlos de poderes para ejecutar arrestos.
Si se aprueba la propuesta, los demócratas se verán en un dilema, según han comentado en privado con periodistas: o se resignan a aceptarla o la denunciarán como anticonstitucional ante una Suprema Corte de Justicia en la que, a partir de nombramientos hechos por Donald Trump, el bando conservador está en evidente ventaja, con seis jueces contra tres del bloque progresista, y el fallo seguramente será a favor de los republicanos.
Tal decisión tendrá consecuencias todavía más amplias, pues los republicanos insisten en revertir la jurisprudencia previa que le da al gobierno federal la responsabilidad exclusiva de guardar las fronteras internacionales, mientras que ellos pretenden que sea compartida con autoridades estatales.
La nueva Unidad de Protección, en cambio, sería “una organización de hombres y mujeres profesionales contratados/entrenados bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Pública (de Texas)”, explicó en un tuit Matt Schaefer, el representante republicano que introdujo la iniciativa. “Muchos serán oficiales de paz con licencia, otros entrenados y específicamente autorizados por el gobernador para hacer arrestos”.
Sobre los grupos paramilitares fronterizos pesan acusaciones de violaciones de derechos humanos, de ataques contra personas que no representan una amenaza, de asesinatos y de invadir territorio mexicano para cometer agresiones a mano armada.
Autoridad e inmunidad
Los opositores advierten del riesgo de que los miembros de esas milicias sean incorporados al nuevo cuerpo, con paga, autoridad e incluso inmunidad para seguir cometiendo abusos.
En su sección 411.0056, párrafo (8), la proposición legislativa (House Bill 20, en su denominación oficial) indica que el jefe esta corporación podrá “emplear a ciudadanos atentos a la ley, que no hayan sido convictos por crímenes, para participar en las operaciones y funciones de la unidad, pero tales personas no tendrán autoridad para arrestar a menos que hayan sido entrenados y autorizados por el gobernador”.
En la sección 411.535, párrafo (b), se señala que los oficiales de la unidad podrán “arrestar, detener y disuadir a individuos que tratan de cruzar la frontera ilegalmente, incluyendo el uso de fuerza no letal”, y al ejecutar estas tareas, se detalla en el párrafo (c), “tendrán inmunidad de responsabilidades civiles y criminales”.
Los republicanos justifican su propuesta en la crisis de los opioides. En un debate legislativo en Austin, Texas, el 12 de abril, Schaefer aseguró que los indocumentados son los responsables: “hay tanto fentanilo cruzando la frontera que parece irreal”. Y equiparó el problema con los momentos más traumáticos de la historia estadunidense: la “escala de muerte es mucho mayor que la de Pearl Harbor, los ataques del 11 de septiembre o la totalidad de la guerra de Vietnam”.
Una parte de los migrantes, acusó, está formada por “criminales, violadores, MS-13”, y transportan los narcóticos al cruzar la frontera de manera ilegal. Sus críticos replicaron que la mayor parte de la droga pasa a EU por puntos de control legal y que 86 por ciento de los detenidos por contrabando de fentanilo son ciudadanos de ese país.
Milenio
