El Radar
Por Jesús Aguilar
Hay momentos en los que la política deja de ser compleja y se vuelve simplemente ofensiva.
Este es uno de ellos.
En San Luis Potosí se ha nombrado como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción a Fabián Espinosa Díaz de León, un personaje conocido no por combatir la corrupción con resultados, sino por vivir en el conflicto permanente, por usar la ley como arma, por acumular pleitos, demandas y discursos que se derrumban cuando se confrontan con los hechos.
Para quien no sigue estos temas todos los días, vayamos a lo esencial.
El Sistema Anticorrupción no es una oficina de venganzas, no es un despacho de abogados ni un tribunal personal. Se supone que representa a la ciudadanía, que genera confianza y que vigila al poder.
Nada de eso encaja con este perfil.
Espinosa no llega con una trayectoria de servicio público ejemplar ni con logros comprobables en transparencia. Llega con un historial de confrontación y con un patrón muy claro: cuando algo no le favorece, demanda.
Y aquí aparece el dato que no puede ni debe ocultarse.
👉 Fabián Espinosa ha demandado al director y dueño de Astrolabio y Antena San Luis Miguel Maya, al rector de la U.A.S.L.P. Alejandro Zermeño a la abogada general de la Autónoma Urenda Navarro y a quien esto escribe— no porque se haya mentido, no porque se haya calumniado, sino porque las publicaciones periodísticas documentadas “le tumbaron el negocio”.
Así de simple.
Así de grave.
No hablamos de opiniones.
Hablamos de investigaciones periodísticas que exhibieron hechos y que afectaron intereses económicos concretos.
Y la respuesta no fue aclarar, transparentar o debatir: fue judicializar la inconformidad.
Eso tiene un nombre: represalia.
Entonces preguntémonos con honestidad brutal:
¿Puede alguien que demanda periodistas porque le afectan intereses económicos representar a la ciudadanía en un órgano anticorrupción?
¿Puede alguien que intenta meter a la cárcel a comunicadores por hacer su trabajo erigirse como defensor de la ética pública?
¿Puede alguien que confunde crítica con ataque y fiscalización con “daño moral” ser árbitro de la integridad institucional?
La respuesta es evidente para cualquiera que no esté fingiendo.
Este nombramiento no genera confianza.
Genera alerta.
Porque no se trata de una diferencia ideológica ni de un pleito personal. Se trata de un patrón de conducta:
👉 cuando el periodismo exhibe, él demanda.
👉 cuando pierde, insiste.
👉 cuando no convence, amenaza.
Eso no es combate a la corrupción.
Eso es uso instrumental de la ley para intimidar.
San Luis Potosí no necesita inquisidores disfrazados de ciudadanos ni personajes que creen que la anticorrupción es un atajo para ajustar cuentas.
POSTDATA: PARA QUE NO NOS CONFUNDAN
Conviene decirlo sin rodeos.
El Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí es, hoy por hoy, un órgano que no ha dado resultados relevantes.
No ha encabezado casos emblemáticos.
No ha sancionado a los grandes responsables.
No ha incomodado al poder.
Existe en el papel, consume recursos y produce comunicados, pero no combate la corrupción real.
Por eso, el nombramiento de Espinosa no es un error aislado:
👉 es una vacilada institucional.
Y aquí la comparación es inevitable.
Mientras ese sistema no funciona, quienes sí combatimos abusos lo hacemos sin cargos, sin comités, sin sueldos públicos y sin protección. Desde el periodismo.
En mi caso, desde hace 35 años ejerciendo este oficio con una premisa básica: documentar, publicar y sostener lo publicado.
Esa labor —la que incomoda, la que exhibe negocios turbios, la que provoca demandas— es la que verdaderamente molesta a personajes como este. No por ética, sino porque les pega en el bolsillo.
La verdadera lucha contra la corrupción no se simula, no se decreta y no se reparte en nombramientos.
Se ejerce todos los días, con hechos, con pruebas y pagando costos.
Y mientras algunos usan la ley para vengarse, otros la usamos para informar.
Que cada quien saque sus conclusiones.
