La Fiscalía General de la República impugnó una suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México para mantener a Tomás Zerón de Lucio un costoso aparato de protección que incluye a 24 escoltas y ocho autos, cuatro de éstos blindados. Por ello será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y quien es señalado de construir el supuesto montaje que apoyo la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Tomas Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se niega a regresar a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) un aparato de seguridad personal que incluye a 24 escoltas, cuatro carros blindados y cuatro más que lo mismo lo cuidan a él que a su familia.
Zerón de Lucio, quien el pasado 29 de julio fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la FGR por diversas irregularidades en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, se amparó hace días para no devolver el aparato de protección a costa del erario público y argumentó que, según un acuerdo del 29 de septiembre de 2016, la PGR ordenó que le mantendrían escoltas y vehículos blindados hasta septiembre de 2021.
Sin embargo, este lunes, la Fiscalía General de la República impugnó esa suspensión definitiva concedida por un Juez de la Ciudad de México, por lo que será un Tribunal Colegiado el que decida si procede o no quitarle la protección al ex funcionario del Gobierno de Peña Nieto.
En una imagen del 27 de enero de 2015, Tomás Zerón y el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, explicaron alos medios que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, calcinados y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
Tomás Zerón es indagado actualmente por la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. La investigación forma parte de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso
Durante años, los padres de los 43 y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) pidieron investigar a Tomás Zerón, pero fue protegido desde la Presidencia de la República. Se volvió asesor de Peña mientras en las calles se pedía su cabeza por haber realizado un montaje que dio con la famosa “verdad histórica”.
En las manos de Zerón quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que supuestamente manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.
Los expertos en peritaje de ese grupo hicieron notar que en el expediente no había sido incluida una visita que el funcionario hizo al Río San Juan el 28 de octubre de 2014, antes de que la PGR brindara un informe en el que sostuvo que los desaparecidos habrían sido quemados en un gigantesco incendio. Las laderas de ese río son un escenario fundamental.
Ahí se encontró parte de la osamenta del único normalista identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio. Fue ese hallazgo uno de los argumentos de la PGR para exponer que los estudiantes habrían sido incinerados en un gigantesco basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, y luego, lanzados al río. El GIEI presentó un video del paso de Zerón por Cocula y cuestionó qué hacía ahí antes del informe. Zerón presentó uno propio.
LAS RESERVAS DE ZERÓN
La PGR fue el órgano con más expedientes clasificados con Peña y según el Sistema de Índices del POT: tiene un millón 711 mil 677, el 13.7 por ciento del total del Gobierno federal que es de 12 millones 420 mil 887.
Tomás Zerón de Lucio contribuyó a engrosar ese índice. El video completo de su diligencia en Cocula quedó bajo la clasificación de la reserva por la PGR que se atuvo al criterio de la protección de los datos personales.
El 27 de abril, Zerón de Lucio presentó su propio video del recorrido que hizo en la zona. En una larga conferencia de prensa, dijo ante medios nacionales e internacionales que ese día, él fue a Cocula para verificar las declaraciones de Agustín García Reyes, un testigo que sostiene que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río.
Para los padres de los normalistas quienes desde el día primero de la desaparición no han cesado en su búsqueda por todo el país, Zerón de Lucio fue a Cocula con otro objetivo. “¿Qué estaba haciendo un día antes (del informe de la PGR) en Cocula? Sembrando las pruebas. ¿Qué estaba haciendo ese día? Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los progenitores, también en conferencia de prensa.
Zerón de Lucio pertenece al grupo de funcionarios que se mantuvieron en el Gabinete de Peña Nieto, pese a la controversia. Otro con la mismas características fue Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien ocupó cuatro cargos en esa dministración.
De hecho, Zerón de Lucio y Castillo Cervantes coincidieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y a ambos les tocó entregar el informe final del caso de la muerte de la niña Paulette Gebara. El primero fungió como coordinador de Investigación y Análisis y el segundo, como Procurador. Peña Nieto era el Gobernador de la entidad.
Zerón de Lucio traía una carga en su expediente. En mayo de 2007, fue destituido de su cargo como coordinador de Control Policial por Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La estructura de mando de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue separada por completo del Gobierno debido a fallas operativas ante el ataque de 50 sicarios del grupo criminal Los Zetas a la policía municipal de Cananea, Sonora.
A finales de 2013, Tomás Zerón se convirtió en el brazo derecho del ex Procurador Jesús Murillo Karam, al frente de la recién creada AIC.
Cuando tras su renuncia, el Presidente Peña lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el comunicado al respecto expuso: ” (El nombramiento se da) en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.
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