Fueron 19 las empresas que cobraron alrededor de 411.2 millones de pesos en contratos para la Red Metro en la pasada administración, sin que haya evidencia de que las obras se hubieran entregado o incluso realizado, señala la demanda de la SCT por presuntas irregularidades en esta obra de la pasada administración.
Lo anterior está expresado en la denuncia de hechos presentada por el titular de la dependencia, Leonel Serrato Sánchez, a la Fiscalía General del Estado.
La querella informa de la celebración de 25 contratos de obra pública financiados con recursos de dos fideicomisos nutridos con 480.7 millones de pesos de origen federal y estatal.
La suma pagada por obras presuntamente inconclusas o inexistentes equivale al 85% del monto de los fideicomisos que financiarían a la Red Metro.
Se preveía una inversión total de 640.1 millones de pesos.
Fueron 19 las empresas que participaron en diversas etapas como la construcción y equipamiento de la Red Metro.
Los contratos se registraron entre el 31 de diciembre de 2015, a tres meses de iniciado el gobierno de Juan Manuel Carreras López, hasta el 17 de septiembre de 2021, firmado a pocos días de que finalizara esa administración.
El monto total de los contratos ascendió a 411.2 millones de pesos.
La SCT indica que tras el proceso de entrega recepción no se encontraron los expedientes técnicos de las obras, pese a que fueron pagadas al 100 por ciento y se consideraban concluidas”.
“Siendo la verdad que tales obras están inconclusas; peor aún, algunas de ellas no fueron ejecutadas”, señala el documento.
Que más adelante, insiste: “se trata de obras inconclusas que no obstante fueron pagadas al 100% en su avance financiero”.
Para la SCT, esta situación configura presuntas conductas delictivas que afectaron la hacienda estatal y la federal: cohecho, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades.
Particulariza que en el caso de los actos simulados, funcionarios públicos “recibieron dádivas”, “beneficios económicos y en especie” para asignar las obras y autorizar pagos por obras inconclusas e inexistentes.
La denuncia de la SCT está dirigida “contra quien resulte responsable”, pero también indica que los contratos fueron firmados por quienes eran entonces el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Leopoldo Stevens Amaro y de la Junta Estatal de Caminos, Macrina Martínez Pozos en el pasado gobierno
Menciona al titular del Ejecutivo y de las secretarías de Finanzas, General de Gobierno y de Comunicaciones y Transportes entre los responsables de los fideicomisos.
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