Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), destacó que aproximadamente el 70% del transporte de personal en San Luis Potosí es operado por empresas de fuera del estado, provenientes de lugares como Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México y Guadalajara. Frente a esta situación, transportistas locales piden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la oportunidad de regularizar sus operaciones y así nivelar la competencia.
Ante recientes accidentes y amenazas de protestas por parte de conductores de transporte de personal, Torres Mendoza explicó que se ha solicitado a la SCT federal que permita la regulación de transportistas locales que aún operan sin cumplir todos los requisitos. Este llamado también responde a la competencia desleal que perciben de empresas de otros estados, las cuales cuentan con mayores recursos y vehículos en mejores condiciones. Según el consejero, algunas empresas foráneas llegan a agruparse para ofrecer flotillas de hasta 20 camiones, complicando la situación de los operadores locales.
Por su parte, el transporte local de personal, que ocupa solo el 30% del mercado, también enfrenta retos, pues muchas unidades no cumplen con los requisitos de modelo o antigüedad para dar servicio y, en algunos casos, operan con placas estatales en lugar de las correspondientes al servicio público. Ante esto, los transportistas de AMOTAC han solicitado a la SCT la creación de mesas de trabajo donde puedan plantear sus necesidades y así asegurar la regulación de sus unidades, reconociendo la importancia de cumplir con la normativa al transportar capital humano.
En una carta enviada a la titular de la SCT, los transportistas enfatizan que no buscan impunidad, sino permisos o concesiones que les permitan cumplir con los requisitos estatales, pues aunque cuentan con permisos federales, desean alinearse a las normas locales. Torres Mendoza hizo un llamado a la SCT para que permita la regulación de los operadores locales, destacando que la imposición de medidas rígidas podría llevar a protestas en el sector. “Tenemos derechos y obligaciones, y queremos cumplir con la normativa”, concluyó el representante.
