Tras doble crimen, PGJE extravió pruebas de amenazas

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Además, por falta de material para conservación, se quedó sin unas muestras de saliva para prueba genética. 

Un agente del ministerio público de la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Norte dilató e integró irregularmente una averiguación previa sobre el fallecimiento de dos personas y desaparición de un menor de edad, determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No.24/2015 dirigida al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Miguel Ángel García Covarrubias.

De acuerdo a la investigación radicada en el expediente 2VQU-63/11, el afectado dijo que acudió el primero de septiembre del 2010 a la sala de necropsia para reconocer el cuerpo de su familiar, así como comparecer ante el agente del ministerio público de Ciudad Valles.

Como parte de las pruebas entregó su teléfono celular, pues en él había recibido mensajes de amenazas contra su familia.

Asimismo, el 10 de septiembre de 2010 reconoció el cuerpo de la otra víctima, además el agente a cargo realizó pruebas periciales en su domicilio y le extrajo muestras de saliva para la prueba genética.

La CEDH validó que pese a las aportaciones del denunciante, el 10 de noviembre de 2010 las autoridades le informaron que el contenido del teléfono celular fue extraviado por personal pericial,  y las muestras de saliva fueron desechadas por no contar con equipo y material necesario para su conservación.

El organismo constató que se violaron los derechos humanos de los denunciantes por vulnerar el acceso a la justicia, legalidad y seguridad jurídica, atribuidos a cuatro agentes del Ministerio Público de la región huasteca.

Debido a los sucesos señalados, se emitieron cinco puntos recomendatorios a la dependencia de procuración de justicia.

Recomendó la reparación para reintegrar correctamente la averiguación previa del caso; colaborar en la investigación de los policias referidos; gestionar equipo de laboratorios,  instrumentos reactivos, químicos y materiales para la realización de pruebas periciales; y dar seguimiento en la inscripción den afectado al registro estatal de victimas.

 

Fuente: Pulso

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