Desiree Madrid
Filiberto N. es señalado por privar de la vida a Rosa, Adriana, Itzel, Eliehenai y Dulce, crímenes cometidos entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín. Después de más de 11 años sin una resolución definitiva, el Poder Judicial del Estado fijó para el 4 de febrero la audiencia de derecho.
El imputado fue aprehendido y vinculado a proceso en 2014; sin embargo, el caso permaneció estancado durante más de una década debido a recursos legales promovidos por su defensa y a la falta de integración de un recurso de apelación presentado en 2020, el cual no fue resuelto oportunamente por instancias judiciales del estado.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron entre 2010 y 2014 en distintos puntos del municipio, principalmente en un domicilio ubicado en la calle Jarrilla, donde residía el imputado. De acuerdo con las investigaciones, los casos incluyen delitos de secuestro, abuso sexual y asesinato, cometidos contra cuatro niñas y una joven mujer.
El reciente avance en el proceso se logró tras un amparo promovido por las familias de las víctimas contra magistrados de San Luis Potosí. En entrevista con Gerardo Duque Larraga, Guadalupe Chávez, padre de Eliehenai Chávez Rivera, explicó que ese recurso permitió destrabar el procedimiento penal al obligar a integrar la apelación pendiente.
“Ese recurso llevaba años detenido. El amparo salió a nuestro favor y entonces se destrabó el proceso”, señaló.
De acuerdo con lo informado por la jueza Rosa Elena Blanco Ríos, una vez celebrada la audiencia del 4 de febrero se abrirá un plazo de diez días para fijar la fecha en que se emitirá la sentencia. Esta podrá dictarse de manera presencial o a distancia, debido a que el imputado se encuentra recluido en un penal federal fuera del estado de San Luis Potosí.
En el proceso penal se encuentran integrados tres casos, por los cuales se dictará sentencia individual, con penas que van de 20 a 50 años de prisión por cada uno, mismas que podrían acumularse. Además, existen otros dos casos adicionales que continúan en distintas etapas judiciales.
En diciembre del año pasado, Sandra, madre de Adriana, una de las víctimas, expresó públicamente su temor ante una posible liberación del imputado, al advertir que el proceso había permanecido lento y trabado durante años debido a los recursos promovidos por la defensa y a la constante dilación institucional, situación que obligó a las familias a insistir de manera permanente para que los expedientes avanzaran.
Guadalupe Chávez y su esposa Ruth Rivera confirmaron que asistirán a la audiencia y solicitaron estar presentes durante su desarrollo, luego de más de una década marcada por retrasos, revictimización y obstáculos judiciales.
“Si no se hace público, no avanza”, expresó el padre de la víctima.
Para las familias, la audiencia del 4 de febrero representa un momento clave en la exigencia de justicia, al tratarse de la primera diligencia que, tras once años desde la aprehensión del acusado, puede derivar finalmente en la emisión de una sentencia por los crímenes cometidos en contra de Adriana, Rosa, Itzel, Eliohenai y Dulce.
