Durante 2025, tres de las principales obras impulsadas por la llamada Cuarta Transformación continuaron enfrentando procesos legales que implicaron pérdidas económicas superiores a los 41 millones de pesos, derivadas de demandas presentadas por trabajadores y ciudadanos que se dijeron afectados por su construcción.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó 13 juicios laborales en su contra. Para hacer frente a estas demandas, la empresa estimó un desembolso cercano a los 3 millones 958 mil pesos por concepto de indemnizaciones, con montos individuales que van desde los 130 mil hasta los 760 mil pesos para los demandantes.
En el caso de la refinería de Dos Bocas, ubicada en Tabasco, la información sobre litigios administrativos, fiscales, civiles, mercantiles y agrarios fue clasificada como reservada. No obstante, se dio a conocer la existencia de una demanda laboral promovida por un exservidor público que solicitó su reinstalación y el pago de salarios caídos. Para este caso, el gobierno estimó una indemnización de 290 mil pesos, al considerar alta la probabilidad de perder el juicio.
El informe oficial reconoce que, de perderse dicha demanda, el impacto financiero podría afectar el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, aunque se cuenta con provisiones contables y asesoría legal para la defensa del caso, de acuerdo con la evaluación jurídica y la jurisprudencia existente.
Por su parte, el Tren Maya concentra el mayor número de procesos legales. Según la Cuenta Pública 2024, hasta el 31 de diciembre de ese año se habían notificado 51 juicios relacionados con este proyecto. De ellos, 40 fueron dirigidos contra Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., y 11 contra Tren Maya, S.A. de C.V., empresa actualmente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dentro de los litigios contra Fonatur Tren Maya se identificaron ocho de carácter administrativo, 31 laborales y un procedimiento por responsabilidad patrimonial del Estado. En los juicios laborales, los propios informes reconocen que los demandantes tenían una alta probabilidad de obtener una resolución favorable, lo que llevó a estimar un impacto financiero de más de 35 millones 338 mil pesos en pagos, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Adicionalmente, se contempló una provisión de 482 mil 970 pesos para cubrir dos juicios administrativos con sentencia firme, mientras que otros seis procesos permanecían pendientes sin monto definido, al igual que el procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuyo impacto económico fue catalogado como indeterminable.
Respecto a los 11 juicios promovidos contra Tren Maya, S.A. de C.V., se registraron dos procesos administrativos y dos agrarios, relacionados con la anulación de un dictamen valuatorio en Tulum, la restitución de un contrato concluido anticipadamente y el pago por la ocupación de terrenos en municipios de Yucatán y Quintana Roo. En estos casos, no se contaba aún con una estimación de pagos debido a que los trámites seguían en curso.
Sin embargo, sí se calculó un gasto de un millón 101 mil 210 pesos para atender siete demandas laborales adicionales, principalmente por despidos considerados injustificados.
De acuerdo con la información disponible, todos estos juicios se atendieron a lo largo de 2025, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las resoluciones finales. Tampoco existe claridad sobre si durante el año pasado se sumaron nuevas demandas a estos proyectos emblemáticos.
