El Radar
Por Jesús Aguilar
En vísperas de cerrar el 2025 con números que permitan al gobierno hablar por fin de estabilidad presupuestal, el mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona tomó una de las decisiones más complejas —y quizá más trascendentes— de su administración: convertir la crisis de Pensiones en una oportunidad histórica para sanear y asegurar el futuro de los cuatro fondos que integran el sistema estatal.
No es un asunto menor: hablamos de los fondos de Burócratas, Telesecundarias, Sección 52 y los propios empleados de la Dirección de Pensiones, un universo cercano a 9 mil jubilados que durante décadas han transitado entre la incertidumbre y la improvisación.
Y en muchos casos también incurrido en abusos que no se pueden ni olvidar, ni archivar para que vuelvan a rebotar en el futuro próximo.
La apuesta es de largo alcance. Después de más de 60 años sin modificaciones, la Ley de Pensiones será reformada. El encargo que el gobernador le dio al secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres es complejo, pues debe procurar con su equipo jurídico que la reforma no sirva solo para apagar incendios, sino para construir un sistema con visión social, técnica y de largo plazo. Algo justo, viable y que no siga comprometiendo las finanzas públicas otra vez.
Es, también, una oportunidad política: si la administración logra estabilizar las finanzas y restablecer la confianza, podrá presumir no solo orden sino justicia laboral, un concepto escaso en administraciones pasadas que preferían ocultar el tamaño del problema. O esconderse drenando también del hoyo negro financiero que se había hecho.
El tamaño del hoyo y la urgencia de la reforma
Hasta hace semanas, el discurso oficial matizaba una realidad inocultable. Hoy esa narrativa se cayó por completo. De acuerdo con información confirmada por el propio gobierno estatal, el sistema de Pensiones operaba al borde del colapso financiero, y en algunos casos, ya inmerso en él. Los fondos de Telesecundarias y Burócratas, los más grandes, se encontraban prácticamente descapitalizados. Entre ambos sectores superan los 7 mil 200 jubilados afectados durante décadas por omisiones y decisiones políticas que disfrazaban el deterioro.
El reconocimiento público de la crisis no es una derrota: es el punto de partida. Porque a diferencia del discurso defensivo de otros años, esta vez vino acompañado de un anuncio:el propio Guadalupe Torres y el director del fondo Coronado comparecieron para anunciar la preparación de una reforma integral que, si realmente se estructura con criterios actuariales sólidos, podrá sanar uno de los problemas estructurales más graves de la administración pública estatal. Sin exagerar, es el tipo de reforma que define a un gobierno.
No bastará con “corregir” la Ley de Pensiones; el gobierno estatal deberá reconstruirla. Un parche o un ajuste cosmético significaría, en realidad, posponer la crisis unos años y entregar el problema a la siguiente administración con otro nombre, pero con consecuencias amplificadas.
Guadalupe Torres no es improvisado: conoce el derecho administrativo, con un gran expertise en la operación de gobierno. Ahora tendrá que hallar en su capacidad de diálogo la apertura final de puertas para hacer un cambio de ciclo positivo. Su principal desafío será resistir la presión política de quienes buscan soluciones inmediatas que no necesariamente son sostenibles. Y de los compañeros de barco a los que les cayó fatal la noticia de un golpe estratégico a la inestabilidad.
Porque reformar Pensiones, en esencia, significa decir verdades incómodas: que habrá cambios en reglas de operación, márgenes de aportación, esquemas de retiro y mecanismos de fondeo.
Nada que guste, todo lo necesario.
Un respiro político en medio del huracán.
Mientras esto sucede, la administración necesitaba con urgencia un golpe de efecto positivo. Y todo parece indicar que lo ha conseguido. El pago millonario a la UASLP, largamente esperado por la comunidad universitaria, está confirmado para este lunes según versiones sólidas. Un poco más de 206 millones de pesos y la despresurización de un tema que ya en las últimas horas había obligado a emitir por parte de la Rectoría y las Escuelas y Facultades comunicados pidiendo mesura y no atender versiones no autorizadas o extraoficiales sobre posibles complicaciones por la falta de viabilidad financiera.
La sola noticia modifica el clima político en la capital. Tras semanas de tensión acumulada por el conflicto en la Facultad de Derecho y la súbita sustitución del liderazgo en Villa de Pozos, el gobierno logró un doble movimiento: cumplir un compromiso académico de alto valor simbólico y mostrar que tiene control sobre las finanzas más allá del ruido político.
El respiro no es definitivo —nadie en San Luis Potosí se puede dar ese lujo—, pero sí pacifica el fin del año y es sumamente significativo. La comunidad universitaria llevaba meses reclamando certidumbre y respeto a sus acuerdos. Incluso una de las justificaciones para que en esta misma semana en el Congreso aprobaran “licencia” abierta al gobierno estatal para la reasignación de recursos para el presupuesto 2026, implicaría no volver a pasar y hacer pasar penurias a ningún proveedor, ni encapsular recursos comprometidos formalmente como los del convenio con la UASLP.
Una coincidencia que no es casualidad
No es casual que el pago a la Universidad y el anuncio de la reforma coincidan. La administración necesitaba estabilizar su relación con actores clave —académicos, sindicatos, jubilados y burócratas— antes de presentar una reforma que, inevitablemente, abrirá debate. La crisis en Pensiones dejó ver los límites del modelo estatal y las consecuencias de décadas de simulación.
En términos políticos, Gallardo Cardona y Torres Sánchez tienen claro que entrar a 2026 con un conflicto en Pozos, el malestar universitario y el colapso de Pensiones simultáneamente sería suicida.
La operación de esta semana reduce de forma significativa ese riesgo.
El ordenamiento de las finanzas estatales en el último año encargado a Ariana García Vidal y su equipo terminan por dar un golpe de confianza también sólido y contundente que hace congruente su promesa de cerrar un sexenio por fin con finanzas sanas.
Por ahora, el movimiento político y administrativo es claro: el gobierno quiere concluir el 2025 mostrando orden, responsabilidad y capacidad de maniobra.
El reto será demostrarlo no en anuncios, sino en documentos, números y leyes que por fin le den a los jubilados lo que se les había negado por décadas: certeza.
Ojalá también premien a San Luis y a la Universidad con el respeto inmanente que sería abrir paso ahora sí a la autonomía financiera.
La reforma está en puerta. La historia, también.
