El Radar
Por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
El reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, ha vuelto a poner en evidencia la brutalidad con la que el crimen organizado opera en México. (Cómo si no nos hubieramos dado cuenta antes).
La revelación de estos sitios de exterminio, utilizados presuntamente por cárteles de la droga para desaparecer a sus víctimas, llega en un momento político crítico: la creciente presión de Estados Unidos para que el gobierno de Claudia Sheinbaum intensifique el combate al narcotráfico y actúe contra políticos vinculados a este poder fáctico.
El hallazgo de Teuchitlán: un reflejo de impunidad
Las cifras de fosas clandestinas y crematorios en México son alarmantes. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde 2006 se han localizado más de 5,000 fosas clandestinas en todo el país. La localización de los crematorios en Jalisco, estado controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirma la sofisticación y la capacidad operativa de estos grupos criminales.
El uso de estos sitios responde a una estrategia de desaparición total de evidencias, dificultando la identificación de las víctimas y asegurando impunidad para los perpetradores. El Grupo de Análisis de Datos sobre Desapariciones (GADD) ha alertado que esta práctica se ha intensificado en los últimos años, coincidiendo con el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública en diversas entidades.
EE.UU. endurece su postura
La administración de Donald Trump ha elevado la presión sobre México en materia de combate al narcotráfico, exigiendo no solo la extradición de capos, sino también la investigación y entrega de políticos coludidos con el crimen organizado. Informes filtrados desde el Departamento de Estado sugieren que Washington busca negociar un acuerdo bilateral para investigar y extraditar a funcionarios públicos implicados en redes criminales.
Según fuentes cercanas a estas negociaciones, si México no colabora, EE.UU. podría hacer pública una lista de nombres vinculados al narcotráfico antes del 2 de abril, fecha límite para la revisión de aranceles comerciales entre ambos países. Este tipo de presión podría tener efectos devastadores en la estabilidad política nacional.
El dilema de Sheinbaum
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este contexto representa un desafío mayúsculo. Por un lado, acceder a las exigencias de EE.UU. podría significar un golpe a las estructuras políticas tradicionales en México, incluyendo posibles investigaciones sobre gobernadores y legisladores de su propio partido, Morena. Por otro lado, ignorar o minimizar la presión estadounidense podría traer consecuencias diplomáticas y económicas serias.
Entre los nombres que han circulado en filtraciones recientes están los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas), ambos investigados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y redes de huachicoleros. Asimismo, se menciona a figuras clave en el Congreso como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, quienes podrían ser objeto de indagatorias.
El futuro del combate al crimen organizado
El descubrimiento de crematorios clandestinos en Jalisco es solo una muestra de la magnitud del problema. Mientras el gobierno de Sheinbaum evalúa cómo responder a la presión de EE.UU., la pregunta clave es si está dispuesta a enfrentar las consecuencias políticas internas de un verdadero combate contra la narcopolítica.
La decisión que tome en los próximos meses podría definir el rumbo de su administración y, más aún, la relación con el principal socio comercial y político de México.
