Las declaraciones recientes de Donald Trump han generado dudas y controversias después de afirmar que el presidente Joe Biden buscaba que agentes armados lo eliminaran, basándose en un expediente judicial relacionado con una orden de registro del FBI en su mansión de Florida en 2022.
Según Trump, el lenguaje estándar utilizado en el expediente del FBI sugería que el Departamento de Justicia bajo la administración de Biden estaba dispuesto a recurrir a la fuerza letal durante la operación en Mar-a-Lago. Sin embargo, esta interpretación distorsionada ha sido recibida con escepticismo, ya que el expediente simplemente establecía que los agentes tenían autorización para usar fuerza letal en situaciones de peligro inminente.
Estas declaraciones, parte de la retórica incendiaria de Trump, se suman a una serie de afirmaciones infundadas contra Biden, a quien ha acusado repetidamente de utilizar el sistema de justicia para atacarlo, sin presentar pruebas sólidas que respalden sus afirmaciones.
A pesar de los llamamientos para condenar sus comentarios, varios de los aliados más cercanos a Trump se han unido a él en la tergiversación de la presentación judicial. La congresista Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, afirmó en redes sociales que el Departamento de Justicia y el FBI habían autorizado el asesinato de Trump, una afirmación que carece de base.
La campaña de Trump ha defendido sus declaraciones, calificando los informes sobre el correo electrónico de recaudación de fondos como un intento de encubrir la supuesta corrupción de Biden, aunque estas acusaciones también carecen de evidencia sólida.
Mientras tanto, los críticos han instado a que se ponga fin a este tipo de retórica extravagante y peligrosa, señalando que podría amenazar la estabilidad democrática del país.
