El presidente Donald Trump ordenó la aplicación de un nuevo arancel global del 10% a las importaciones, el cual entrará en vigor el 24 de febrero y se mantendrá durante 150 días. Esta medida tendrá excepciones para productos esenciales y mercancías provenientes de México y Canadá que estén protegidas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El mandatario tomó esta decisión con base en una ley comercial aprobada en 1974, luego de que su estrategia anterior fuera bloqueada por el máximo tribunal del país.
La decisión del presidente ocurrió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles recíprocos que había impuesto previamente. En una votación de seis contra tres, los magistrados determinaron que el mandatario no tenía facultades para aplicar esos impuestos utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El tribunal concluyó que esa autoridad corresponde al Congreso de Estados Unidos y no al Ejecutivo, por lo que el presidente excedió sus atribuciones.
Tras el fallo, el gobierno estadounidense tendrá que devolver el dinero recaudado por esos aranceles a varios países, entre ellos China, así como a empresas nacionales que pagaron estos impuestos. La Oficina de Aduanas reportó que el año pasado se obtuvieron alrededor de 250 mil millones de dólares por este concepto, lo que ahora abre la puerta a reembolsos. Además, más de mil demandas han sido presentadas ante tribunales comerciales por compañías que buscan recuperar esos recursos, y la ley permite que las reclamaciones se presenten hasta dos años después del pago.
Las tarifas anuladas formaban parte de una política económica impulsada por Trump desde el año pasado, que incluía impuestos de hasta 25% a productos que no estaban contemplados en el tratado comercial con sus socios de Norteamérica. Estas medidas eran consideradas clave dentro de su plan económico, con el objetivo de fortalecer la industria nacional y reducir el déficit comercial. Incluso, el mandatario contemplaba utilizar los ingresos generados por estos aranceles para financiar programas económicos y fortalecer su estrategia política.
Luego de conocer la resolución judicial, el presidente expresó su inconformidad y aseguró que recurrirá a otras herramientas legales para mantener su política comercial. Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que continuará defendiendo el uso de aranceles como una forma de proteger la economía estadounidense y advirtió que la disputa legal podría prolongarse durante varios años.
La política arancelaria ha sido uno de los pilares de su administración, aplicando impuestos a productos extranjeros como parte de una estrategia que busca favorecer la producción interna. Mientras el mandatario sostiene que estas medidas son necesarias para fortalecer al país, críticos advierten que pueden generar tensiones comerciales y afectar el equilibrio económico internacional.
