El Radar
Por Jesús Aguilar
Hay debates que tienen dos caras y nadie se anima a mirarlas de frente.
En San Luis Potosí, la discusión sobre la transparencia y el uso de recursos por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha sido presentada desde el poder político como un acto de fiscalización imperioso, casi moral. Y desde la universidad como un intento de vulnerar su autonomía. Ambas posturas tienen dosis de verdad —y de omisión.
El tamaño del dinero
El Consejo Directivo Universitario (CDU) —órgano máximo de decisión interna— aprobó recientemente el Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2026, que asciende a 3 mil 996 millones de pesos.
Ese monto se compone de varias fuentes:
- 2 mil 559 millones de pesos provenientes de recursos federales.
- 506 millones que, según la propuesta, deberían aportar Gobierno del Estado con base en el convenio Federación–Estado.
- 15 millones de otras fuentes locales.
- 915 millones de pesos estimados como “recursos propios y autogenerados”, es decir, ingresos que la universidad genera por su actividad directa.
Estos números no son pequeños ni secundarios. Representan la operación completa de la principal casa de estudios de la entidad. Y también, el corazón del debate.
La autonomía no exime de transparencia
La autonomía universitaria es un principio constitucional y ético. Protege la libertad académica, el autogobierno y la capacidad de diseñar planes educativos sin injerencia indebida del poder político. Ningún medio serio cuestiona eso.
Pero autonomía no es sinónimo de opacidad.
La UASLP mezcla recursos públicos con ingresos propios (como servicios, colegiaturas, convenios, renta de infraestructura, etc.). Esa mezcla, legítima por sí misma, genera obligaciones claras de transparencia. No solo ante la ley, sino ante la sociedad que financia —en buena medida— esos recursos.
No basta con mostrar lo que la ley exige al mínimo.
No basta con presentar informes fragmentados.
No basta con decir que “no se negocia” con los legisladores (como ha reafirmado el rector).
Al no transparentar con rigor los 915 millones de pesos de ingresos propios proyectados para 2026, la universidad se expone a que cada ajuste presupuestal, cada recorte o cada cifra de auditoría sea interpretada —o politizada— como un ataque a su autonomía.
Ese es el primer error institucional.
El revés de politizar la fiscalización
Por otra parte, el poder político en la entidad ha mostrado una estrategia reactiva, defensiva y en muchos casos orientada a convertir la auditoría en arma política.
Recordemos que en el trámite del presupuesto del año pasado, la aportación estatal propuesta de 506 millones de pesos fue reducida a 320 millones, con el argumento de que la universidad no había presentado información suficiente para justificar el aumento.
Ese tipo de decisiones no son, en abstracto, incorrectas si se basan en criterios técnicos y de responsabilidad fiscal. Pero sí lo son cuando se enmarcan como castigo o revancha contra una institución por tensiones políticas.
El discurso de “castigo presupuestal” —cuando se utiliza como mecanismo de presión— erosiona la calidad del control democrático y deteriora la confianza en las instituciones. Utilizar la fiscalización presupuestaria como instrumento político deja de ser vigilancia y se transforma en vendetta institucional.
Dos déficits que se refuerzan
El problema real no está en que existan discrepancias entre universidad y gobierno. El problema está en que:
- La UASLP no ha cumplido con una transparencia proactiva, clara y completa de todos sus ingresos y egresos, especialmente de los recursos propios que se acercan a los mil millones anuales.
- El Gobierno y el Congreso del Estado han politizado la exigencia de información, presentándola como una afrenta a la autonomía en lugar de una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas.
Ese círculo vicioso alimenta sospechas —y en algunos casos certezas— de que ninguno de los lados quiere realmente la claridad, sino utilizar la sombra como arma de reclamo político.
¿Cuánto dinero anual opera la UASLP?
Si se suman los recursos federales, los aportes estatales, los ingresos propios y otras fuentes, la UASLP tendrá casi 4 mil millones de pesos para operar en 2026.
Esa cifra es comparable al presupuesto de gobiernos municipales medianos, y sin embargo no siempre se transparenta con la misma rigurosidad que otros entes públicos.
Eso no es una defensa ad hominem de quienes cuestionan a la universidad. Es una verdad técnica basada en números revisables.
La llamada de ética pública
La universidad tiene el deber de:
- publicar informes financieros detallados, desagregados y actualizados;
- facilitar la comprensión ciudadana de sus presupuestos;
- responder a auditorías con un enfoque de cooperación técnica y no de defensa corporativa.
El gobierno tiene el deber de:
- no usar la fiscalización como instrumento de presión política;
- plantear exigencias de transparencia con argumentos técnicos y no narrativas de castigo;
- construir mesas de diálogo institucional sólido, con participación de académicos, especialistas en finanzas públicas y auditoría ciudadana.
Un llamado a la acción responsable
Si la UASLP quiere preservar —y enaltecer— su autonomía, debe liderar con transparencia. No con retórica, no con defensas corporativas, no con documentos incompletos, sino con datos que cualquiera pueda analizar y entender.
Si el Estado quiere fortalecer la fiscalización, que lo haga sin revanchas ni espectáculos mediáticos, con criterios técnicos y respeto institucional.
La universidad y el gobierno no tienen que ser adversarios.
Pero sí tienen que entender que la transparencia sólida y la rendición de cuentas son la mejor defensa de la autonomía, no su desgaste.
El dinero no es la raíz del conflicto.
La falta de claridad es la raíz del conflicto.
Y mientras no se cure ese déficit, la política y la sospecha seguirán ocupando el espacio que debería corresponder a la confianza y la colaboración.
