Luego de que la diputada local Jacqueline Jáuregui Mendoza acusara a representantes de Uber de presuntamente ofrecer “moches” para evitar la regulación estatal, la empresa negó categóricamente las afirmaciones y aseguró que no ha sostenido reuniones con la legisladora ni con funcionarios estatales al respecto.
Jáuregui, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, declaró que líderes de la plataforma de transporte se acercaron tanto a ella como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para buscar acuerdos irregulares que eviten la aplicación de la legislación vigente en materia de movilidad.
Ante estas declaraciones, Uber envió una postura oficial en la que desmiente los señalamientos, subrayando que “ninguna persona del corporativo se ha reunido con la diputada ni ha hecho ofrecimientos de ningún tipo”. La compañía calificó como preocupante que se hagan acusaciones sin sustento y reiteró su disposición al diálogo institucional.
Además, la plataforma recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en enero de 2024 varias disposiciones de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, en las que se pretendía regular el servicio de transporte por plataformas tecnológicas. Uber afirmó que dicha resolución reafirma su derecho a operar conforme al marco legal vigente a nivel nacional.
“Estamos abiertos al diálogo y a construir puentes con autoridades y legisladores, siempre dentro de los cauces institucionales y el respeto a la ley”, puntualizó la empresa.
