El Radar
Por Jesús Aguilar
Hay cargos que pesan por la ley.
Y hay cargos que dependen casi por completo de la autoridad moral de quien los ocupa.
La presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pertenece a la segunda categoría.
No manda.
No sanciona.
No procesa.
No audita.
No puede obligar.
La propia ley le da al Comité Coordinador la facultad de emitir recomendaciones no vinculantes, y a este comité apenas le deja, entre otras cosas, aprobar normas internas, elaborar su programa anual, participar en la Comisión Ejecutiva y proponer exhortos públicos.
El presidente, además, básicamente preside sesiones, representa al comité y da seguimiento a acuerdos. Nada de eso es un poder material de corrección; es, en el mejor de los casos, una función de presión pública y articulación institucional.
Por eso resulta devastador que el controvertido Fabián Espinosa Díaz de León, al asumir, haya dicho algo que en realidad desnuda al puesto mejor que cualquier crítico: “La presidencia sola no tiene ninguna fuerza”.
No lo dijo un opositor. Lo dijo él.
Y en ese reconocimiento involuntario está el tamaño real del problema: llegó a una silla con poder acotado, en un órgano de baja tracción pública, y aun así decidió estrenarla escondiéndose de la primera pregunta incómoda.
Lo grave no es sólo quién llega.
Lo grave es a qué llega.
Después de revisar el sitio oficial del Comité de Participación Ciudadana, su presencia pública y los informes del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que aparece no es una maquinaria ciudadana que haya cambiado la conversación pública en San Luis Potosí, sino una estructura que presume sobre todo arquitectura institucional: la Política Estatal Anticorrupción, la Plataforma Digital Estatal, conversatorios, reuniones, informes, mesas de implementación y exhortos a entes omisos.
Son piezas administrativas, nunca victorias públicas memorables.
Son instrumentos, no resultados que la ciudadanía reconozca en la calle.
Busqué un caso. Uno solo.
Uno que permitiera decir: aquí el comité sirvió para algo visible, concreto, medible, útil para San Luis Potosí.
Lo más cercano que encontré fue esto: en 2024 y 2025 el sistema emitió recomendaciones y exhortos por incumplimientos de la UASLP, del Inpojuve y de los 58 ayuntamientos, especialmente por no adherirse a plataformas, no subir información o no conformar comités municipales.
Es decir, el músculo real que sí aparece documentado es el de señalar omisiones administrativas y pedir regularización. Eso puede tener valor técnico, pero no alcanza para vender la idea de una institución temida, eficaz o transformadora. Más todavía: el informe oficial de 2025 muestra que el CPC pidió exhortos porque 28 municipios ni siquiera habían respondido a recomendaciones previas.
Ese dato es demoledor.
Porque retrata al sistema entero como un aparato que exhorta a quien no contesta, recomienda a quien no cumple y vuelve a insistir ante quien simplemente ignora. Y como la ley define esas recomendaciones como no vinculantes, el diseño institucional ya trae incorporado su propio límite: mucho oficio, poca consecuencia.
Así que el problema no es solamente Fabián Espinosa.
El problema es la combinación perfecta entre un órgano estructuralmente débil y un presidente estructuralmente controvertido.
Porque si el cargo no tiene dientes, entonces lo único que puede darle sentido es la credibilidad pública de quien lo ocupa.
Y ahí es donde todo se derrumba.
Espinosa llega con un litigio abierto contra la UASLP derivado del caso Distrito Santa Fe; llega después de haber sido nombrado integrante numerario del CPC en diciembre de 2025; llega en medio de cuestionamientos públicos sobre un potencial conflicto de interés; y llega, además, evitando responder sobre un asunto que no es privado, porque involucra a una institución pública financiada con recursos públicos.
Su negativa a hablar no fue una anécdota.
Fue una confesión de estilo.
Cuando le preguntaron por el litigio, por la carpeta de investigación y por la posibilidad de conflicto de interés, evitó profundizar y pidió no mezclar el tema con su nuevo encargo. Pero sí hay mezcla. La hay porque el Sistema Anticorrupción vive de la confianza pública, y nadie que aspire a encabezar una instancia de vigilancia puede tratar su propio expediente como si fuera una indiscreción de sobremesa.
Peor aún: el proceso que lo llevó ahí tampoco parece una epopeya ciudadana. En su propia toma de protesta reconoció que la convocatoria tuvo apenas tres aspirantes. Tres. En una entidad completa. En una presidencia que presume representar a la ciudadanía contra la corrupción.
No suena a legitimidad social; suena a una irrelevancia tan grande y jodida como paisaje del Cerro de la Pepsi.
Y entonces aparece el segundo gran vacío: el del currículum público relevante para ese encargo.
Lo que pude verificar en fuentes abiertas perfila a Espinosa como ingeniero geólogo, exdiputado, empresario, representante legal y articulista ocasional; incluso un currículum suyo, difundido años antes en otro proceso público, lo presenta como socio fundador de una empresa, afiliado a organismos empresariales y presidente del Consejo Hídrico Estatal. Lo que no encontré documentado con la misma claridad es una trayectoria pública robusta, consistente y reconocible de combate técnico a la corrupción, construcción de integridad pública o liderazgo ciudadano probado en rendición de cuentas.
Además del documentado caso de sus aviadurías en gobiernos a los que nunca le dio por siquiera señalar, no tiene absolutamente un gramo de calidad moral para erigirse en paladín anti corrupción.
¿O lo veremos escudriñar en las marañas de opacidad y excesos potenciales que pudieran haber hecho los actuales gobiernos?
El de la capital que lo ha defendido
Y ese vacío importa.
Importa mucho.
Porque en un órgano sin poder coactivo, la experiencia específica no es un lujo: es lo único que le da densidad al cargo. Si no hay dientes institucionales, debe haber estatura ética. Si no hay poder legal duro, debe haber autoridad pública incuestionable. Si no hay fuerza formal, debe haber prestigio. Y hoy lo que vemos es exactamente al revés: un cargo débil sostenido por un perfil discutido.
Por eso esta presidencia nace mal.
No porque sus críticos quieran que nazca mal.
Sino porque su escena inaugural ya fue un resumen de lo que puede venir: un órgano que históricamente produce exhortos y papeles; un diseño que emite recomendaciones no vinculantes; una ciudadanía que casi no participa; y un presidente que, en su primera prueba pública, no eligió la transparencia sino la evasión.
La pregunta de fondo es brutal, pero necesaria:
¿Para qué sirve un comité anticorrupción que no ha logrado convertirse en referencia pública de eficacia, y que ahora además queda encabezado por alguien que llega esquivando preguntas sobre un litigio de interés público?
La respuesta, hoy, es incómoda: sirve más como escenografía institucional que como palanca real de cambio. Sirve para decir que existe un sistema. Sirve para llenar organigramas, aprobar políticas, organizar conversatorios y emitir exhortos. Pero no encontré evidencia sólida de que pese en la vida pública potosina como un contrapeso temido por los corruptos.
Y en ese contexto, la llegada de Fabián Espinosa no fortalece al comité.
Lo exhibe.
Y también quedan al descubierto sus ansias por tener una posición pública, venderse al gobierno como esquirol anti universitario y su abominable ambición lo terminan por condenar, desde el minuto 1 de su nueva “poderosa” posición.
Lo exhibe como lo que hoy parece ser: un cargo de apariencia prácticamente inexistente, en una institución de bajísimo impacto, ocupado por un personaje que no podía darse el lujo de arrancar con opacidad… y aun así decidió hacerlo.
¿Seguirá queriendo cobrar (robar) junto con VEM, la empresa que representa más de 600 millones de pesos por un contrato leonino en el que desde el principio pactaron con su impresentable pariente político el anodino y rey de la agresión pasiva universitaria Federico Garza Herrera 287,500 pesos mensuales por un terreno de 46,000 metros cuadrados, es decir poco más de 6 pesos metro cuando en las zonas “diamante” de la ciudad hoy terrenos comerciales ahí se cotizan entre 140 y 200 pesos metros para renta.
¿Un tipo que es capaz de mentir, incluso se especula que ha recurrido a falsificación para tratar de arrebatarle cientos de millones de pesos a la UASLP en donde el mismo estudió, y de acusar emberrinchado con absolutas falsedades al propio Rector Zermeño, a la Abogada General Navarro, al director y dueño de Antena San Luis y Astrolabio Miguel Maya y a quien firma esta columna en un absurdo e inexistente proceso penal en el que por cierto, al momento de firmar esta columna, casi 10 meses después de que presentó la querella, no hay ni siquiera una notificación, es el perfil idóneo para presidir un comité que luche contra la corrupción?
No nos queda más que volver a compadecer a la vida pública de San Luis Potosí y no ceder, y procurar seguir siendo los que vigilamos ahora al burdo, falso y ahora inflado con helio, flamante presidente de la vacilada anticorrupción más surrealista de los últimos años.
