Un total de 53 mexicanos están condenados a muerte en Estados Unidos, aunque los que más posibilidades tienen de ser ejecutados son los 13 sentenciados en Texas, dijeron hoy asociaciones de derechos humanos en El Paso.
El Senado de México pidió esta semana a la Cancillería un informe sobre el número y situación de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos y que explique qué está haciendo para auxiliarlos legalmente.
El senador David Monreal, impulsor de la solicitud, señaló que varios defensores de derechos humanos han expresado su temor de que se desate una “oleada de ejecuciones” de mexicanos en Estados Unidos, aunque no precisó en qué se basa dicha preocupación.
La abogada Sandra Babcock, quien ha encabezado la lucha por salvar la vida de mexicanos condenados a la pena de muerte a solicitud del Gobierno de México, explicó en declaraciones a Efe que de estos 53, 13 se encuentran en el Pabellón de la Muerte en Texas, y son los que corren el mayor riesgo de que se haga cumplir su pena.
Texas es el estado que lidera las ejecuciones a nivel nacional con un promedio de 19 cada año.
Babcock destaca que la defensa de 51 de los 53 mexicanos condenados a morir en el país, se basa en una resolución de marzo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, conocido como “Fallo Avena”, por la que se ordena a los estados revisar los casos de estos condenados a quienes no se les informó al momento de ser detenidos de su derecho a contactar al consulado de su país.
El Fallo Avena fue el resultado de un litigio internacional interpuesto en 2003 ante la corte de la Organización de las Naciones Unidas por el Gobierno mexicano que alegó que Estados Unidos había incumplido durante la detención de los 51 mexicanos el derecho a la notificación consular, que forma parte del Tratado Internacional de Viena del que México y Estados Unidos son firmantes.
Tanto la abogada Babcock, quien representó a México en el litigio, como la organización de Gran Bretaña Reprieve defienden que la notificación consular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un reo extranjero.
“Cuando un consulado es informado de que la fiscalía de un estado va a pedir la pena de muerte para un connacional, la representación diplomática puede movilizarse para asegurarse que el detenido cuenta con la asesoría legal apropiada y su personal hace presencia en corte para verificar que no se registran irregularidades en los tribunales”, según Reprieve.
El investigador privado Richard Reyna, que ha participado en la defensa de condenados a muerte mexicanos, establece que un extranjero que desconoce el sistema judicial de Estados Unidos no está preparado para defenderse en corte, y por lo tanto es más susceptible recibir penas más duras.
“Tras el Fallo Avena, la mayoría de los estados detuvieron la ejecución de mexicanos. Sin embargo, el gobernador de Texas, Rick Perry, advirtió que Texas es un estado que se rige por sus propias leyes y que no aceptaría la intervención internacional”, agregó Reyna.
Por ahora no hay ningún mexicano con fecha para ser ejecutado en el país.
Sin embargo, de acuerdo a Richard Burr, abogado del mexicano Cesar Roberto Fierro, quien fue sentenciado a la pena capital en 1980 por el asesinato en El Paso de un taxista, los mexicanos en Texas son vulnerables a que en cualquier momento un juez de distrito les fije una fecha de ejecución, aunque descartó una oleada de ejecuciones.
Con información de: http://www.sinembargo.mx/05-04-2013/581194
