Pocos días después de la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí (24 de mayo), durante la cual recibió de manos del alcalde Xavier Nava Palacios un detallado expediente sobre las diversas denuncias que su administración ha presentado por varios delitos contra la anterior que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, en la oficina del propio XNP se recibió una llamada de la Fiscalía General de la República para comunicarle que su titular, el doctor Alejandro Gertz Manero, lo recibiría junto con quien considerara conveniente para una reunión de trabajo el jueves 6 de junio.
De acuerdo a fuentes confiables tanto chilangas como potosinas, la reunión tuvo lugar en la fecha prevista, en el despacho de Gertz Manero en el último piso del edificio de Insurgentes 20. Nava Palacios llegó acompañado del secretario general, Sebastián Pérez García, del Director de Asuntos Jurídicos, Daniel Alcántara, y al parecer de alguien más que no tenemos identificado.
Gertz Manero tenía a la mano un documento con el detalle de las cinco denuncias que el Ayuntamiento capitalino ha presentado ante la FGR por la presunta comisión de diversos delitos de carácter federal: peculado, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, expedición de comprobantes fiscales por operaciones simuladas y contra la Ley de Amparo. Fue evidente que lo había leído con atención, porque citó su contenido con precisión, sin necesidad de estarlo consultando.
La reunión fue muy ejecutiva. En esencia, el Fiscal General de la República les dijo con toda seriedad a sus visitantes que confiaran en la institución a su cargo; que todas las denuncias presentadas estaban siguiendo el trámite correspondiente y que ninguna sería objeto de sesgo alguno ni a favor ni en contra. Las que tuvieran los méritos jurídicos suficientes procederían a su judicialización y las que no, pues no. Que no se impacientaran, que era probable que en las siguientes semanas se les requiriera información complementaria, que estaba consciente de que la parte sustantiva de investigación corría por cuenta de la FGR y que para él la identidad de los imputados era irrelevante.
Llamó la atención que para reforzar su reclamo de confianza, Gertz hizo un comentario que aludió tangencialmente a su edad (en octubre cumple 80 años), pues dijo algo así como que él ya está más para allá que para acá y eso lo pone a salvo de cualquier tipo de presiones; y que cualquiera que sea el tiempo que dure en el cargo (su designación por el Senado es por nueve años contados a partir de éste) no piensa dejar un mal legado. Añadió que para él tiene la misma importancia atrapar a peces gordos de nivel nacional que a peces menores de los estados.
Finalmente, les pidió a sus visitantes que se quedaran un tiempo más para ver en detalle el estado de las correspondientes carpetas de investigación con uno de los vice fiscales y otros funcionarios de la dependencia. Así se hizo.
El grupo potosino salió de la FGR tranquilo, motivado y con el alivio de no tener que aplicar en lo inmediato medidas de presión sobre la Fiscalía General del Estado, lo que equivaldría inevitablemente a un enfrentamiento con el ejecutivo estatal a cargo de Juan Manuel Carreras.
¿CHOQUE
DE TRENES?
El Ayuntamiento encabezado por Nava Palacios ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, entre principios de año y ayer, seis denuncias por diferentes hechos que se presumen delictuosos. Una de ellas, la relacionada con el caso Sandra Sánchez Ruiz, fue “bateada” por la FGE por considerar que correspondía al fuero federal. Es parte de las que están en trámite en la FGR.
De las cinco vigentes en la instancia estatal, hay diferentes grados de avance en su tramitación pero a un paso excesivamente lento. Dicho coloquialmente, no les dicen que no pero tampoco que sí ni como para cuándo. De hecho, en el Ayuntamiento están convencidos de que por el lado local no van a avanzar, pues cada vez es más evidente que el gobierno carrerista no quiere molestar ni con el pétalo de un citatorio a ninguna figura del gallardismo.
Básicamente por esa convicción fue que el alcalde Nava Palacios entregó personalmente al presidente López Obrador el expediente que incluyó todas las denuncias presentadas, tanto federales como estatales. En el Ayuntamiento siempre han estado consciente de que estas últimas no son competencia federal, pero buscaron que AMLO percibiera las enormes dimensiones del saqueo al patrimonio municipal y que eventualmente pudiera interesarse en saber por qué los temas de competencia local no avanzan.
En previsión de que “la queja” presentada personalmente a López Obrador no tuviera ningún eco y que el Ejecutivo estatal siguiera haciéndose el desentendido, la administración navista tenía y tiene diseñado un plan para forzar al gobierno carrerista a responder en el asunto de los abusos, excesos y fechorías gallardistas. De hecho, un primer paso se dio con cautela hace cosa de un mes cuando se aceptó la invitación de los organismos empresariales para llevar a cabo una “sesión informativa” sobre el particular, durante la cual se les ofreció una detallada relatoría. Fue la reunión del 9 de mayo a cuyo término varios dirigentes de las cámaras y agrupaciones del empresariado salieron preguntando “¿Por qué Carreras se empeña tanto en proteger a los Gallardo?”.
Ese plan, que al final del día conduciría inevitablemente a un “choque de trenes” entre las administraciones municipal y estatal, hace sentido a partir de la premisa de que la negativa carrerista a proceder contra Gallardo Juárez y varios de sus principales colaboradores se convierte en los hechos en un gran obstáculo a cualquier proyecto político que alienten Xavier Nava y los suyos, sea la búsqueda de la reelección, la candidatura al Gobierno del Estado o cualquier otra opción electoral.
El alcalde y su equipo asumen que si bien desde el punto de vista legal y ético era impensable hacerse de la vista gorda ante los latrocinios gallardistas, su reiterada y enfática documentación, exhibición y denuncia ante las instancias de procuración de justicia local y federal se convirtió –aún si ese no fuera su propósito original- en una métrica clave para evaluar el desempeño de la nueva administración municipal. Un fracaso rotundo en la búsqueda de sanción para los autores del saqueo dejaría margen para sospechas de incompetencia jurídica, de espectáculo sin sustento o, peor aún, de repudiable maniobra distractora de incapacidad para cumplir las propias responsabilidades.
Hasta donde sabemos, de no haber tenido ningún eco la denuncia política que se hizo ante AMLO, al Ayuntamiento de la capital no le hubiera quedado más remedio que aplicar su plan alterno para enfocar sus baterías contra la Fiscalía y el Gobierno estatales.
¿En qué consiste dicho plan? Es en esencia una estrategia para elevarle a Juan Manuel Carreras los costos políticos de su inacción, hasta volvérselos impagables. Dicho en otras palabras, ante la ausencia de indicios de que detrás de la protección carrerista a los Gallardo haya complicidad o connivencia, del lado municipal se asume que JMC no quiere actuar contra la gallardía simplemente “para no tener problemas”; por el puro prurito de no salir de su zona de confort.
A partir de esa idea, el camino a seguir aparece con nitidez: si no hacer nada le ahorra problemas, hay que lograr que no hacer nada le signifique más y mayores problemas. ¿Cómo? Curiosamente, se trata de un conjunto de prácticas en las que el navismo histórico es experto (y sus herederos actuales no las han olvidado). En orden ascendente de intensidad, podríamos enumerar: desplegados, demandas públicas, manifestaciones, marchas aquí, caminatas a la Ciudad de México, huelgas de hambre, una buena dosis de agitación social, búsqueda de apoyos externos, sobre todo en ciertos medios de comunicación, académicos y del activismo anticorrupción más agresivo.
“Se imagina usted cómo se pondría Carreras con una huelga de hambre multitudinaria a las puertas de Palacio de Gobierno, encabezada por Xavier Nava, en demanda de combate a la corrupción. Es algo que sin duda atraería a la prensa nacional e internacional y que causaría furor en las redes sociales”, escuchamos decir a unos de los estrategas navistas. Con un añadido no menos interesante: “Algo que haría mediáticamente muy atractivo el tema sería que lo que se estaría pidiendo al mandatario es que actuara contra la corrupción ajena, pero obviamente cualquier medio de comunicación avispado lo primero que preguntaría es por qué si el gobernador potosino no es corrupto arriesga tanto protegiendo a corruptos que ni siquiera son sus asociados políticos”.
Además, pienso yo, sería inevitable que la prensa foránea se enterara pronto de que el gobierno carrerista tiene engavetados asuntos de corrupción tan relevantes como los centros de salud pagados y no construidos al final de la administración torancista; la compra con sobreprecios multimillonarios de los desayunos infantiles en el DIF también del torancismo; la Ecuación Corrupta, la Nómina Secreta y el facturaje apócrifo en el Congreso; el Moche de a millón en el Patronato de la Feria, las obras chafas por todo el territorio estatal, etcétera, etcétera, etcétera.
Los resultados de la entrevista con Gertz Manero han quitado hierro al asunto momentáneamente. Se abre un compás de espera que bien puede ser de algunos meses, aunque eso no impedirá que sigan presentándose nuevas denuncias, como ayer mismo ocurrió con el caso de los terrenos del camino a la presa. Sobre este particular hay una denuncia federal por desacato al mandamiento de un juez de distrito. La de ahora es por modificar ilegalmente el uso de suelo en una área natural protegida.
COMPRIMIDOS
A Jaime Pineda se le van a complicar las cosas. La salida del Ejecutivo Estatal en su defensa resultó desganada, tardía y poco convincente. La conformación de la Comisión Jurisdiccional no arroja grandes pistas, pues sus tres integrantes pueden votar igual en un sentido u otro.
La llamada Alianza por la Ciudad que se presentó el martes pasado, es en lo sustantivo un esquema de participación social para crear el Programa de Desarrollo Urbano Municipal, del que San Luis carece. Existe un Plan de Desarrollo Urbano, elaborado deficientemente en el 2003, que ya no sirve para nada, y al amparo de cuyas fallas se han hecho enormes, irresponsables y dañinos desarrollos inmobiliarios.
El crecimiento de la ciudad y de la zona metropolitana es inevitable. Pero no tiene por qué ser desordenado, caótico o peligroso. El extenso y algo barroco documento que explica lo de la Alianza omite algo fundamental: frenar la corrupción que desde hace años acompaña negocios inmobiliarios de todo tipo.
El CEN del PRI ya expidió su convocatoria para elegir nueva dirigencia. El día de registro es el próximo sábado 22 de este mes. Días claves para ver si logran ponerse de acuerdo con una fórmula de unidad. Si no, en su salud lo hallarán.Hasta el próximo jueves.
